El chavismo y el parlamento: matar al tigre y temer al cuero



Por Simón Rodríguez P.

Ya voceros del gobierno ruso habían pronosticado a Bloomberg que Guaidó no sería reelecto como presidente de la Asamblea Nacional (AN) el 5 de enero de 2020. De tal forma que el cerco militar al Palacio Legislativo y la elección del diputado Luis Parra como presidente del parlamento sin el quórum reglamentario, fueron escenas de un libreto que ya estaba cantado. La oposición patronal también tenía preparado con antelación su acto en la sede del periódico El Nacional, donde asegura que cien diputados aprobaron la reelección de Guaidó. 

Tanto Guaidó como Parra reclaman para sí la legítima presidencia de un parlamento desprovisto de todo poder, en un año en el que el gobierno espera realizar una nueva elección parlamentaria bajo severas restricciones antidemocráticas, como la proscripción electoral de la mayoría de los partidos y dirigentes opositores, tanto de derecha como de izquierda. 

Que el chavismo haya impuesto la "autoproclamación" de su propio presidente "opositor" en la AN, un diputado de la Comisión de Contraloría señalado por sus vínculos corruptos con el chavismo, proveniente del partido de centroderecha Primero Justicia, con los votos de otros "opositores" cooptados y del minoritario PSUV, es un episodio más que ilustra lo que el régimen cívico-militar es. Desde 2015 hay una suspensión permanente de las garantías constitucionales. Desde 2016 se anularon las competencias parlamentarias, como la aprobación del presupuesto nacional o la facultad de legislar, e incluso antes de eso se había anulado la inmunidad parlamentaria. Desde 2017 hay un órgano plenipotenciario de duración indefinida con 100% de miembros oficialistas, la Asamblea Nacional Constituyente, elegida de manera fraudulenta. El TSJ también usurpa funciones parlamentarias. Se aplica la justicia militar a civiles por protestar o robar comida y grupos policiales realizan decenas de ejecuciones extrajudiciales cada semana en los barrios populares. Esa es la situación desde hace varios años.

El chavismo ahora dice apoyar a "la nueva directiva opositora de la AN" (formalmente en desacato según el fallo del TSJ oficialista), mientras Guaidó alega que hubo un "golpe parlamentario fallido" (contra su "gobierno interino"). Son discursos violentamente disociados que intentan sostener las apariencias. Cada uno a su modo subraya la debilidad del bonapartismo madurista, que ha disuelto el parlamento en los hechos pero no se atreve a hacerlo formalmente. O que incluso vio su cerco militar a la AN rebasado por los diputados opositores, dos días después de que se nombrara a Parra "presidente". Como en el refrán popular, mata al tigre pero le teme al cuero.

Hay otra razón para que Guaidó intente presentar la maniobra con los diputados cooptados como un punto de quiebre, además de insistir en la ficción del gobierno paralelo, un parapeto artificial totalmente dependiente del gobierno de Trump. Y es ocultar que desde la declaración del "desacato" y la anulación de facto del parlamento mayoritariamente opositor en 2016, esa oposición patronal capituló una y otra vez al autogolpe chavista. Ya en diciembre de 2015 había aceptado el nombramiento de nuevos miembros del TSJ por parte de la AN saliente y deslegitimada, luego aceptó la desincorporación (figura que no existe en la ley) de los tres diputados de Amazonas bajo argumentos absurdos, para evitar una declaratoria de desacato que de todas formas se sancionó; aceptó la no convocatoria del revocatorio en 2016, pactó acuerdos vergonzosos a fines de ese año con el gobierno, frutos del infame "diálogo", reconociendo la supuesta "guerra económica" (años antes de que hubiera sanciones económicas). Reconoció las elecciones regionales convocadas por la ANC fraudulenta en 2017, asistió a ellas y la mayoría de los gobernadores opositores se juramentó ante la ANC. Hizo todo lo posible por desmovilizar la rebelión popular de 2017, incluso acusando a los manifestantes más radicalizados de ser agentes chavistas, por ejemplo ante los saqueos de comida. Llevados a una situación extrema, esos dirigentes opositores prefirieron que el gobierno siguiera en pie a que cayera por una movilización de masas. Así actuó tanto por sus intereses de clase como por ser esa la línea del gobierno de EEUU, cuya fórmula hasta ahora sido presionar para negociar.

Tampoco es nueva la existencia de sectores corruptos como el representado por Luis Parra y otros diputados de la Comisión de Contraloría, un organismo que en cuatro años no realizó ninguna investigación importante de la corrupción chavista. Nunca se vetó a nadie en la MUD-FAVL por ser corrupto o tener negocios con el gobierno. Hasta los corruptos del chavismo, como Ismael García o Henri Falcón, fueron reciclados. Como quedó demostrado con los escándalos recientes de corrupción en el manejo de fondos destinados a ayuda humanitaria o por el nombramiento de un "procurador interino" ligado a una demanda privada contra Citgo, los conflictos entre corrientes de la oposición patronal reflejan de manera directa las disputas por cuotas de participación en los negocios. Un cable de la embajada yanqui publicado por Wikileaks relataba hace más de una década cómo los dirigentes de todos los partidos de la oposición patronal paseaban por la embajada pidiendo financiamiento, si un funcionario les respondía negativamente, recurrían a otro. No es solo "la fracción del CLAP", los diputados que como Parra hicieron lobby al servicio de empresarios boliburgueses a cambio de contratos con la red de distribución de alimentos del gobierno. Los vínculos de dirigentes como Ramos Allí o con los Bolichicos, por ejemplo, también son de conocimiento público.

Quienes apoyan a esa oposición suelen quejarse de que el pueblo supuestamente es conformista y no lucha. Argumentan que en consecuencia solo se puede apostar a la intervención extranjera, económica, diplomática y militar. En realidad, ha habido miles de protestas obreras y populares en los últimos años. El año pasado vio un incremento importante en las huelgas y acciones de los trabajadores. Ha sido la ausencia de una dirección política alternativa, como la que intenta construir la oposición de izquierda, la principal razón por la que un gobierno odiado por más del 90% de la población sigue en pie, en medio de una debacle económica y social cuya superación ni se empieza a vislumbrar.

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