Simón Rodríguez Porras
No
se terminaba de secar la sangre obrera, campesina e indígena vertida en
las calles por los represores al servicio del gobierno de facto de
Áñez, cuando el MAS traicionaba una vez más a sus bases acordando
levantar los cortes de ruta y suspender las movilizaciones en todo el
país, como parte de un pacto electoral con la derecha.
El
24 de noviembre, Áñez firmó la ley que convoca a nuevas elecciones
presidenciales, sancionada tanto por el Senado como por la Cámara de
diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas instancias con
mayoría calificada del MAS. Se da un plazo de veinte días para la
designación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego de ello 120
días para la convocatoria a una elección presidencial en la que no
podrán participar como candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. De
acuerdo con los lapsos pactados, se estaría realizando la elección en
abril, con las mismas restricciones electorales vigentes hasta ahora,
que limitan la participación de candidatos independientes de los
sectores obreros y populares.
El
acuerdo supone una escandalosa capitulación del MAS a la derecha. Ya el
Tribunal Constitucional controlado por el MAS había reconocido la toma
de posesión de Áñez sin apoyo parlamentario. Luego el MAS designó a
nuevos presidentes del Congreso y el Senado que no cuestionaron al
gobierno derechista sino que declararon el abandono del cargo por parte
de Evo Morales y emprendieron las negociaciones con un gobierno
reaccionario que concretaba su bautizo de sangre en Sacaba (Cochabamba) y
Senkata (El Alto). La realidad es que Evo Morales y los dirigentes del
MAS, utilizaron las genuinas movilizaciones populares contra el gobierno
de Áñez para sus negociaciones palaciegas.
Desde
su conformación, el gobierno golpista ha establecido claramente su
agenda reaccionaria, sacando a los militares a las calles y
facultándolos para reprimir con impunidad penal a través del decreto
4078. Desde su instauración, el gobierno de las biblias ha asesinado a
más de treinta personas, hiriendo y deteniendo a centenares. Arturo
Murillo, el ministro del interior, ha tenido el discurso más virulento,
amenazando con la confección de listas para la persecución de dirigentes
sociales y políticos opositores, acusando de terrorismo y sedición a
los que protestan. Una muestra de esta brutalidad se vio cuando la
movilización en repudio a la masacre de Senkata fue atacada en La Paz,
quedando los féretros de las víctimas en las calles, envueltos en el
humo de las bombas lacrimógenas.
A
pesar del pacto parlamentario, los sectores movilizados no se han
disciplinado del todo. Algunos sectores han llegado a sus propios
acuerdos con el gobierno, en los que levantan sus movilizaciones dejando
constancia de su repudio al gobierno reaccionario y de que el referente
del Comité Cívico Santa Cruz y dirigente golpista Luis Camacho es
persona no grata en sus territorios. Otros, como los campesinos
cocaleros de Cochabamba mantenían los bloqueos de carreteras. El MAS se
ha mostrado nuevamente como parte fundamental del sostenimiento del
orden capitalista en Bolivia. Áñez tuvo también la colaboración de la
dirigencia de la COB, con su silencio cómplice ante los hechos de Sacaba
y El Alto. Varias organizaciones sindicales como los fabriles de
Cochabamba y los mineros de San Cristóbal han reclamado un Congreso de
la COB para cuestionar a los dirigentes traidores. La crisis política y
social de Bolivia tendrá nuevos capítulos. Es necesario construir una
alternativa política revolucionaria que luche consecuentemente contra
Áñez y por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y los
indígenas bolivianos.
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