Simón Rodríguez P.
Las principales ciudades de Chile fueron desbordadas por cientos de miles de personas la noche del 19 de diciembre para celebrar el triunfo en la elección presidencial de Gabriel Boric, ex dirigente estudiantil y parlamentario de centroizquierda, pero sobre todo la derrota de José Antonio Kast, un defensor de la dictadura de Pinochet. Una vez más las calles se llenaron de banderas mapuches, feministas, del orgullo y de la izquierda extraparlamentaria, emblemas del estallido social de octubre de 2019 que hirió de muerte al régimen de la transición post dictadura.
Kast concitó el apoyo del escritor Vargas Llosa, de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, y de la extrema derecha española de Vox. El derechista venezolano Leopoldo López viajó a Chile a hacer campaña por Kast, sin inmutarse porque semanas antes el “Trump chileno” defendiera a las turbas xenófobas que atacaron a refugiados venezolanos al grito de “¡No más migrantes!”.
A la derrota de Kast se suma la de la derecha hondureña, que gobernaba desde el golpe de 2009 apoyado por Obama, la derrota en Perú de Keiko, hija del ex dictador Alberto Fujimori, y el fracaso electoral de la derecha boliviana luego del gobierno de facto de Añez. No han pasado desapercibidos los paralelismos con la llamada marea rosada de la primera década de este siglo, cuando una serie de rebeliones sociales y el hundimiento de los partidos tradicionales dieron paso a gobiernos más o menos a la izquierda. Sin embargo, también hay importantes diferencias entre aquel proceso y las perspectivas de la actual coyuntura.
Es importante recordar aquel balance. Chávez, Morales, Correa, Mujica, Lula, entre otros, se presentaron como una nueva izquierda y hacían críticas al capitalismo, pero sin tomar medidas que afectaran las causas estructurales de que nuestra región sea la más desigual del mundo. Cabalgando sobre el auge de los precios de las materias primas, adelantaron políticas asistencialistas limitadas. Luego de la crisis económica mundial de 2007, aplicaron ajustes económicos, atacando las conquistas de la clase trabajadora y aprobando leyes para limitar el derecho a protestar. La corrupción y el doble discurso, pasaron a ser el sello distintivo de esos gobiernos que tantas expectativas crearon en sus inicios. Pese a los discursos sobre la integración latinoamericana y la independencia respecto de EEUU, varios de esos gobiernos con Brasil a la cabeza enviaron tropas de ocupación a Haití entre 2004 y 2017, y el Mercosur firmó un tratado comercial con Israel.
Su relación con los movimientos sociales fue una combinación de cooptación y criminalización. En los casos más extremos de Nicaragua y Venezuela, Ortega y Maduro asesinaron a centenares de manifestantes, y se convirtieron en dictaduras. El chavismo llevó a Venezuela a la hiperinflación, incluso antes de las sanciones económicas estadounidenses, y emigraron seis millones de personas, un 20% de la población del país.
Boric, al igual que Xiomara Castro en Honduras, Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia, llegan al poder en medio de una tremenda crisis económica y de la pandemia del covid19. Su margen de maniobra es muy precario. Lo mismo será cierto para Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia si ganan las elecciones en 2022. Ya el peronista Alberto Fernández perdió unas elecciones parlamentarias este año en Argentina.
Por otra parte, hay diferencias políticas entre estos gobiernos. Boric ha criticado públicamente a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por sus rasgos dictatoriales. Su programa, entre liberal y socialdemócrata, tiene como referentes a Islandia y Nueva Zelanda. Los cambios que propone son tan graduales que la reforma policial tiene un plazo de 10 años y la de la seguridad social de 40 años.
Si bien las condiciones para un nuevo auge rosa son limitadas, las potencialidades para cambios más profundos y significativos están presentes en Chile. La situación creada por el estallido social de 2019 no se ha cerrado del todo. Piñera, que declaró la guerra al pueblo y sacó a los militares a las calles, asesinando a decenas de personas e hiriendo a miles, no pudo aplastar la rebelión. Las protestas terminaron cuestionando a todo el régimen político y recogiendo las demandas de una década de luchas contra la desigualdad, la privatización de la seguridad social, el endeudamiento estudiantil, la opresión de las mujeres y la represión a los indígenas mapuche. El apoyo a Piñera cayó a menos de 5% y en noviembre se vieron las mayores movilizaciones en décadas, exigiendo su renuncia.
Fue entonces cuando surgió el Acuerdo por la Paz en el Congreso. La transacción implícita fue salvar a Piñera a cambio de abrir el camino a una nueva constitución, en un plazo de tres años y con grandes restricciones, como requerir para sus decisiones una mayoría de dos tercios de los constituyentes. Boric, pese a la oposición en su propio partido, Convergencia Social, firmó el pacto. Ya antes de ello había votado a favor de una ley represiva promovida por Piñera, apodada “ley antisaqueos”. Estas actuaciones no solo llevaron a decenas de miembros de su partido a renunciar, sino también a que el propio Boric fuera expulsado de la Plaza Dignidad y tildado de traidor por los manifestantes.
En 2020, la pandemia y el toque de queda interrumpieron las protestas. De todo ese proceso no surgió una expresión política coherente, pero la aprobación en referendo de la convocatoria a una convención constituyente con casi el 80% de los votos, y luego la elección de sus integrantes, demostraron que la voluntad de cambio seguía intacta. La mayoría de los constituyentes electos fueron independientes y la derecha solo logró la elección de 38 de los 155 constituyentes, muy por debajo de la tercera parte a la que aspiraba para poder vetar cualquier decisión. En ausencia de una alternativa en las elecciones presidenciales y congresuales de 2021, el espacio de la izquierda fue ocupado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, este último con amplia experiencia co-gobernando con la centroizquierda.
En la segunda vuelta gran parte del viejo establishment político llamó a votar por Boric, con miras a incorporarse al nuevo gobierno. Dada la trayectoria del joven presidente, es lógico que lo vean como una esperanza de preservar el sistema en sus rasgos fundamentales, con cambios menores. Para los millones que han seguido luchando por enterrar el legado de la dictadura y los 30 años de la transición, la derrota de Kast ha sido una batalla ganada. Ante el nuevo gobierno, uno de los primeros retos del movimiento será el de liberar a los presos políticos de 2019 y 2020.
El 19 de diciembre demostró que las calles siguen siendo de ese pueblo rebelde. Es en los sectores populares, obreros, indígenas, feministas, de la juventud, donde descansan las esperanzas en esta nueva etapa. Si confían en sus propias fuerzas y logran articular una alternativa política, pueden alumbrar nuevas posibilidades no solo para Chile, sino también para el resto de América Latina.
Artículo publicado originalmente en inglés en The New Arab el 31 de diciembre de 2021
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