Simón Rodríguez Porras*
“la caída de un combatiente popular es más dolorosa que el
derrumbamiento de todas las imágenes”
Víctor Valera Mora
A lo largo de más de treinta años de lucha por el
derecho del pueblo Yukpa al territorio y al autogobierno, Sabino Romero había
sobrevivido a varios atentados. Al salir de la cárcel, en marzo de 2011, sabía
que continuaba en la mira de los enemigos de su pueblo, un poderoso
entramado de ganaderos ligados a la MUD, militares, policías y burócratas
rojos, pero en cada oportunidad que se presentara expresaba con tranquilidad y
firmeza su convicción de luchar hasta la muerte.
Hijo de yukpas desplazados violentamente
a las zonas altas de Perijá por los latifundistas a mediados del siglo XX,
Sabino admiraba a Chávez y confiaba en sus intenciones, pero nunca se
disciplinó al gobierno o al chavismo. Desde el año 2004, cuando fracasó la
primera tentativa de demarcación territorial por parte del gobierno, se tornó
evidente que para materializar el derecho al territorio ancestral consagrado en
la Constitución, era indispensable la acción directa: ocupar las tierras
indígenas invadidas por el latifundio ganadero. El gobierno, a través de las
comisiones de demarcación, trató el problema territorial con un criterio
agrario, valorando las exigencias del pueblo Yukpa como la aspiración de
sustituir el latifundio ganadero por un “latifundio indígena”. El fundamento de
esta política de Estado está en consideraciones de estrategia militar,
tratándose de un territorio fronterizo con Colombia, y en el orden económico,
por los intereses ganaderos y mineros en una región rica en yacimientos. La
concepción estratégica corporativista del gobierno, así como sus
compromisos con la burguesía nacional y las transnacionales mineras, siempre
dejaron en un segundo o tercer plano la cuestión de los derechos democráticos
de los pueblos indígenas. El discurso oficial ha logrado encubrir con cierto
éxito esta cruda realidad.
Fueron muchos los
emplazamientos hacia el gobierno, por medio de la movilización, para que
honrara su compromiso con los indígenas de Perijá. Por ejemplo, el 31 de marzo
del 2005, decenas de yukpa, barí y wayúu marcharon hasta las puertas del
Palacio de Miraflores, acompañados de un nutrido grupo de activistas y
simpatizantes de la causa indígena, luego de recorrer más de 800 kilómetros de
carretera, para solicitar que el presidente Chávez los atendiera. No fue
posible, el Presidente se encontraba reunido con el ex futbolista Diego
Maradona, quien luego se declararía “enamorado” de la revolución bolivariana.
Luego de la reelección
presidencial del 2006, la lucha entre los Yukpa y la santa alianza de
ganaderos, militares y burócratas se intensificaría. La creación del Ministerio
para los Asuntos Indígenas es una de las primeras acciones de gobierno de Chávez
en el año 2007. Incapaz de imponer una demarcación insuficiente y rechazada por
los Yukpa y los Barí, el gobierno se lanza con todo a la cooptación de la
dirigencia indígena, procurando aislar a quienes no entraran en el redil. Son los tiempos de la creación del Psuv, una gran
aplanadora política para uniformar a las heterogéneas bases chavistas. Con la
creación de los centros piloto y los consejos comunales indígenas, la
asignación de cargos en el nuevo ministerio, y el subsecuente condicionamiento
de la asistencia social a la disciplina política, se tensa el músculo
clientelar del Estado. En el período puntofijista, adecos y copeyanos nombraban
a un comisario Yukpa para que fungiera como emisario gubernamental ante las
comunidades. La ministra indígena Nicia Maldonado retoma esta práctica y va más allá, con el
nombramiento de caciques mayores, carnetizados y bajo las órdenes del gobierno.
El ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, lanza el Plan Yukpa en
2008, con un presupuesto millonario para inversiones en infraestructura
policial y militar en la zona y se logra cooptar a más indígenas para la
política del gobierno de no demarcar los territorios. Esa orientación del
gobierno toma ventaja de la miseria y la dependencia en la que se encuentra
gran parte de un pueblo carente de territorio para desarrollar proyectos
productivos autónomos. De igual forma, la burocracia saca provecho de las
expectativas que la mayoría de los Yukpa depositan en el liderazgo de Chávez.
En respuesta a la ofensiva
gubernamental, Sabino Romero encabeza entre enero y agosto de 2008 la ocupación
de una decena de haciendas. Las represalias del paramilitarismo ganadero, con
la complicidad y el apoyo de los militares, hostigan a las comunidades
rebeldes. El padre de Sabino, José Manuel Romero, resulta gravemente herido el
7 de julio en un ataque cuyo objetivo era el propio Sabino, y fallece quince
días después. El general Izquierdo Torres pasa a ponerse a la cabeza de una
operación de cerco a los Yukpa, que culmina con la agresión de los militares a
un grupo de activistas que se dirige a la zona desde Caracas en solidaridad con
la lucha indígena. En medio del escándalo nacional por los heridos y detenidos,
el presidente Chávez se pronuncia, asegurando que de escoger entre los
ganaderos y los indígenas, se pone del lado de los indígenas. El ejercicio
retórico no se tradujo en un giro en la política gubernamental, y meses después
Izquierdo Torres fue premiado con su nombramiento en una plaza de mayor
importancia en la ciudad de Maracaibo. La ministra Maldonado, quien ocuparía el
cargo hasta mediados del año 2012, justificó la violencia contra los Yukpa
alegando que la comunidad de Sabino actuaba al margen de la ley y era manipulada por “contrarrevolucionarios”. La muerte de José Manuel Romero quedó
en la impunidad.
A medida que los Yukpa
recuperaban tierras, la propaganda oficial y ganadera apuntaba cada vez más
contra Sabino, acusándolo de guerrillero y ladrón de reses. Con las amenazas de
represalias armadas lograron ir minando la unidad de los luchadores que habían
recuperado tierras. A finales de agosto de 2009, treinta y seis comunidades
Yukpa se movilizan y logran una espectacular victoria sobre el gobierno al
expulsar a los militares de la Base de Custodia Militar del Tukuko, dando al
traste con los planes de construir en el lugar una fortificación para proteger
los intereses ganaderos y mineros.
El gobierno necesitaba escarmentar
en Perijá luego de la humillación de sus militares. Se intensificó la campaña
contra Sabino Romero, atribuyéndole responsabilidad por cualquier crimen
cometido en la Sierra. El gobierno arreció sus ataques contra los aliados de
los Yukpa, como la ONG Sociedad Homo et Natura, acusando a sus activistas de
estar al servicio de intereses extranjeros y de propiciar hechos violentos y
delictivos en las comunidades indígenas. Cuando los ministros de Interior y
Justicia, Ambiente, y Pueblos Indígenas viajaron a Perijá para entregar tres
cartas agrarias a las comunidades que no participaban de las tomas de haciendas
y agitar a los Yukpa contra Sabino, el 12 de octubre, la situación se había
enrarecido a tal punto que se advertía el peligro de un desenlace violento. Un
grupo de hombres armados, encabezados por el mestizo Olegario Romero, quien
había participado en la última campaña de recuperación de
haciendas, armó una provocación contra Sabino y luego arremetió contra él y el
grupo que lo acompañaba, la noche del 13 de octubre. Olegario había sido visto frecuentando el Fuerte Macoa los días anteriores al ataque en el que hirió de dos
balazos en la espalda a Sabino y asesinó al yerno del cacique, Hebert Romero.
En la refriega sufrieron heridas de bala Amarily, la hija de nueve años de
Sabino, y su sobrino Edixon. En el grupo que acompañaba a Olegario murió Nireya
y resultó herido Juan de Dios Castro, por disparos realizados en defensa propia
por Samuel, hijo de Sabino, y Hebert, quien ya había sido herido mortalmente.
Los hechos serían esclarecidos en el juicio indígena realizado en junio de
2011. Pero entre octubre de 2009 y marzo de 2011, estos hechos serían
utilizados para convertir a Sabino Romero y Alexander Fernández, perseguidos en
virtud de su compromiso con la lucha por el territorio, en los primeros presos
políticos indígenas del gobierno de Hugo Chávez.
Duró más de veinticuatro horas
herido y sin recibir asistencia médica, pero Sabino sobrevivió y fue trasladado
al Hospital Coromoto de Maracaibo. El fracaso del atentado no detuvo la guerra
sucia. Mientras se realizaba un violento allanamiento en la comunidad de
Chaktapa y varias casas eran destruidas por los militares, un comando de la
Guardia Nacional secuestraba al cacique y lo trasladaba al Hospital Militar. Al
no contar con una orden judicial para detenerlo, los militares alegaron que
Sabino era aislado por su propia seguridad. Luego de cinco días de secuestro
ilegal, el montaje judicial estaba preparado y trasladaban a Sabino a instalaciones
militares. Se le acusaba sin pruebas y mediante actas falsificadas de ser el
autor material de los asesinatos. En su desesperación por fabricar testimonios
contra Sabino, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicpc) detiene a Alexander Fernández, un joven yukpa
involucrado en la lucha por territorio. Dos efectivos lo torturan durante más
de tres horas, golpeándolo y asfixiándolo con una bolsa plástica. Al negarse a
testificar en contra de Sabino Romero, también se le arma un expediente y es
acusado de homicidio.
Hasta agosto de 2010 los presos
políticos estuvieron recluidos en el Fuerte Macoa. Los militares los obligaban
a beber agua sucia, amenazaban a Sabino con montarlo en un helicóptero y
lanzarlo desde el aire, maltrataban sexualmente y amenazaban a las hijas de
Sabino y a su esposa cuando lo visitaban. En algún momento le ofrecen dejarlo
escapar si paga dos millones de bolívares, pero Sabino sospecha que es un
intento de aplicarle la ley de fuga y ejecutarlo. El Ministerio Público asigna
a un fiscal racista para el caso, Américo Rodríguez, el mismo ejecutor de la criminalización de los
pemones que se oponían a la construcción en su territorio de un tendido
eléctrico hacia Brasil en el año 2001.
En vista de las maniobras de
las autoridades para dilatar el juicio, un grupo Yukpa instaló en julio un
campamento de protesta frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, para
exigir una respuesta al recurso de amparo introducido a comienzos del año 2010.
El recurso planteaba que los indígenas debían ser juzgados por sus propias
comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales, una
reivindicación que el gobierno se negaba a admitir. Por apoyar la protesta, se le abriría posteriormente un juicio a las organizaciones Provea y Sociedad Homo et Natura. Pero la represalia más importante vino de la mano del magistrado Eladio Aponte, quien dictó una sentencia ordenando el traslado
de los presos políticos a la cárcel de la ciudad andina de Trujillo, a más de
trescientos kilómetros en carretera desde Machiques. Sabino y Alexander pasaron
a sufrir los rigores del hacinamiento y la dinámica gangsteril propia de las
cárceles venezolanas. Aponte, uno de los principales operadores judiciales del gobierno, huiría del país en el año 2012, por acusaciones relacionadas con narcotráfico.
Corrían las últimas semanas del
año 2010 y ya Sabino Romero tenía más de un año preso junto con Alexander
Fernández, cuando un compañero del partido y yo lo visitamos en la Cárcel Nacional
de Trujillo. Sabino estaba de buen humor. Le llevamos un periódico en el que
exigíamos su liberación y la del dirigente obrero Rubén González, quien llevaba
casi la misma cantidad de tiempo preso, en su caso por haber encabezado una
huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco. También le comentamos que
Rubén, en una entrevista, se había solidarizado con él y había exigido su
liberación. Desplegué una hoja que llevaba doblada en la cartera y apunté lo
que comentó Sabino: “Yo digo que Rubén es un hombre luchador, yo quisiera que
lo suelten, igual que yo, que me quieren callar la boca”. Sabino era optimista
en relación con las protestas que se hacían en Trujillo y en Caracas por su
liberación, y se mostraba orgulloso de los métodos de lucha por los cuales lo
habían encerrado. “La demarcación, todavía no está hecho. Si no la hacen, hay
que hacer autodemarcación… Los indígenas siguen luchando por su territorio y
demarcación de tierras en la Sierra de Perijá. Que el gobierno deje de comprar
a los indígenas, que el gobierno no manipule más a los indios, ¡ya basta!”. Al
despedirnos, nos animaba a seguir en la pelea y que el caso se conociera
nacional e internacionalmente. Parecía como si, en vez de nosotros, fuera
él quien estuviera a punto de salir de la cárcel. Finalmente, en marzo, se
conquistó el beneficio de continuar el juicio en libertad, luego de que un
amplio movimiento de solidaridad realizó decenas de movilizaciones, denuncias,
y una huelga de hambre. Estuvieron 17 meses presos por acusaciones que luego
fueron desestimadas por los tribunales ordinarios y la propia justicia
indígena. Una nueva derrota para el gobierno, particularmente para la ministra
Nicia Maldonado, quien había hecho campaña a fondo para justificar el juicio y
había acusado públicamente a Sabino de ser un asesino.
La pelea por la tierra
continuó. También siguió intacta la poderosa alianza criminal contra los
indígenas. En agosto de 2011, cinco yukpas fueron heridos en una hacienda
ocupada en la comunidad de Toromo. En diciembre es asesinado Darío Segundo
García, y dos hermanos de Alexander Fernández son heridos en el Parcelamiento
Las Flores. En abril son asesinados Wilfrido y Lorenzo Romero. El 23 de junio
de 2012, Leonel Romero, Alexander Fernández y su hermano José Luis son asesinados
en Las Flores. Fabricándole coartadas a la canalla ganadera y militar, diarios
regionales como La Verdad describían los asesinatos como ajustes de cuentas
entre indígenas, acusando a Sabino Romero nuevamente de ser un “bandolero”, al
peor estilo de la retórica antiguerrillera de los años 60. El 15 de octubre,
apenas tres días después de la segunda reelección del presidente Chávez, en un
ataque conjunto de militares y paramilitares, dos hijas de Sabino, Zenaida y
Leticia, resultan heridas con disparos por la espalda. En diciembre, militares
intentan asesinar a Franklin Fernández, hermano de Alexander. Ninguno de los
crímenes contra el pueblo Yukpa es investigado por las autoridades.
Finalmente, el cerco se
estrecha y sicarios dan muerte a Sabino el 3 de
marzo de 2013. Como los Yukpa se han visto obligados a armarse para defenderse,
y Sabino era famoso en la Sierra por su puntería y temeridad, la operación para
asesinarlo fue sofisticada y debió requerir un financiamiento importante. Los
sicarios fueron un efectivo del Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) del
estado Zulia, y cinco efectivos de la Policía de Machiques, cuerpo represivo adscrito a la alcaldía encabezada por Vidal Prieto, del Psuv. Luego de
asestarle seis disparos al cacique y herir en un brazo a su esposa, Lucía, los criminales se dieron a la fuga. Una
cortina militar les cubría la retaguardia, y los hijos de Sabino que intentaron perseguirlos se vieron ellos mismos capturados en una alcabala. Los
efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los amarraron y trituraron
una de sus motos con un carro Tiuna. Al cumplirse un año del crimen, los
presuntos autores materiales se encuentran detenidos, no así los ganaderos que
habrían concebido y financiado la acción, tampoco los militares que cooperaron
con los asesinos. Uno de estos ganaderos, José Peña, habría aprovechado para
huir a los EEUU.
El 8 de abril, cuatro semanas
después del asesinato, asistíamos al nombramiento de Sabino Romero (hijo) como
nuevo cacique del recién creado centro originario de Chaktapa. La actividad se
realizaba bajo el patio techado de una de las casas de la comunidad y era
custodiada por una decena de funcionarios de la policía política, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Una funcionaria de ese cuerpo
comentó, sin disimular una amplia sonrisa: “se rindieron, entraron en el
carril”. Sin duda abrigaba expectativas de que con la creación del centro
originario, figura análoga a los centros piloto, la comunidad de Chaktapa
claudicaría en materia de territorio, a cambio de asistencia social y créditos.
Luego de concluir el acto conversé con Carmen Fernández, la madre de Alexander
y José Luis, víctimas del sicariato y la impunidad impuesta por el gobierno,
pero su discurso no era el de la resignación: “Nosotros estamos buscando
justicia, hay ocho muertos y no se ha hecho justicia. Estamos caminando,
estamos en la lucha como siempre cuando estaba Sabino, ahora estamos con
Sabinito, luchando todavía por la demarcación... Eso lo ha dejado el
difunto Sabino, como él decía, el día que yo me vaya de todo, luchen esto, no
lo dejen así, él siempre lo decía”. Mientras preparaban el regreso para
Machiques, dos funcionarios del Sebin cantaban canciones de Alí Primera,
acompañándose con un cuatro. En una choza se repartían medicinas como parte de
un operativo, y en un espacio abierto colgaban dos piñatas, una con la forma de
una botella de Cointreau. No es casual la escogencia de esa curiosa donación
por parte del Sebin: el alcoholismo hace mella entre los Yukpa.
En enero de este año, otro hijo
de Sabino, Silverio, resultó herido en un ataque del sicariato. El gobierno no
honra su vieja promesa de pagar las bienhechurías de las haciendas ocupadas por
los Yukpa, y al garantizar la impunidad de cada ataque, alienta nuevos
crímenes. Tampoco cesan las agresiones de los militares, quienes hacen llave con los ganaderos. El 19 de febrero, los uniformados atacaron la comunidad de Kuse y casi matan a golpes a un menor de edad, hijo de Carmen Fernández; un día después los militares detuvieron a Leandro Romero, hermano de Sabino, y durante la operación un ganadero llamado Alfredo Socorro lo amenazó de muerte y le colocó una pistola en la cabeza. El Estado burgués venezolano muestra su faz más brutal contra los indígenas, los campesinos y los trabajadores.
La historia del período que
arranca con la gran rebelión de El Caracazo es una gran madeja de resistencias,
derrotas y triunfos, cuyo protagonista no es un timonel iluminado, como indica
la narración oficial, sino un sujeto colectivo: miles de luchadores poco
conocidos fuera de sus localidades o sectores. A cada vuelta de tuerca de los
mecanismos de dominación política y económica, ha respondido una nueva oleada
de resistencia, y aunque muchos se han quedado en el camino, molidos por la
maquinaria clientelar, las luchas han seguido, como una pulsión revolucionaria
que se niega a morir por más que la intente sofocar un régimen político en el
que coexisten los viejos puntofijistas y sus derivados, con los militares y la
burguesía roja, sectores enfrentados por el control del Estado y la
cuantiosa renta petrolera, pero unidos por intereses comunes si de aplastar a
los de abajo se trata.
En esa historia ha habido
luchadores a los que solo han podido callar con balas. Argenis Vásquez,
dirigente obrero de la Toyota asesinado por las mafias del tráfico de
automóviles ligadas al Psuv; Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena,
Luis Delgado, Jerry Díaz, Esdras Vásquez y Ramiro Ponce, dirigentes sindicales
de la Unete-Aragua y C-cura, asesinados por las mafias sindicales del gobierno;
Nelson López, dirigente campesino asesinado por los enemigos de la reforma
agraria. Ellos, junto con Sabino Romero, Alexander Fernández, y muchos más,
forman parte de una memoria que habrá que ir reconstruyendo, armándola de a
retazos, para que no se pierda, para que su ejemplo siga alumbrando la
posibilidad de una verdadera revolución socialista. La lucha mantiene a los
Yukpa caminando, como ha dicho Carmen Fernández, por el derecho a un territorio
sin ganaderos, militares ni transnacionales mineras; por justicia para los
Yukpa heridos y asesinados por militares y paramilitares. Algún día, Sabino
seremos bastantes, y no nos podrán comprar con su Estado corruptor, ilusionar
con líderes mesiánicos, ni amedrentar con militares o sicarios.
* Simón Rodríguez Porras es militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).
* Simón Rodríguez Porras es militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).