Simón Rodríguez P.
En su entrevista a la BBC publicada el 21 de enero, Gabriel Borc ofreció pocas definiciones categóricas. Sin embargo, una de ellas fue deslindarse de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Representantes del chavismo latinoamericano e internacional, que pocas semanas antes celebraban el triunfo electoral de Boric, polemizaron públicamente con el presidente electo chileno.
“Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los seis millones de venezolanos en diáspora”, sentenció Boric.
Esta posición de Boric no es nueva. En mayo del año pasado, Boric comparó las violaciones de derechos humanos del gobierno venezolano con las perpetradas por el gobierno de Piñera en Chile. Meses más tarde, en noviembre, el gobierno chileno desconoció la elección presidencial en Nicaragua, en la que siete dirigentes opositores fueron encarcelados antes de que pudieran inscribir su candidatura. Sectores de la izquierda chilena, incluyendo el Partido Comunista que forma parte de la coalición de Boric, salieron a la defensa de Ortega. Pero tanto Boric como una parte de la dirigencia del propio Partido Comunista se deslindaron del apoyo a Ortega.
Las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola afirmaron que el apoyo a Ortega no se había discutido en la dirección del Partido Comunista. Ya en 2019, a raíz del informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela presentado por la ex presidenta chilena y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, Vallejo y Cariola habían mostrado públicamente su desacuerdo con el apoyo a Maduro asumido por el Partido Comunista.
Esta polémica pública entre los dirigentes del Partido Comunista, y el hecho de que Boric y sectores del Frente Amplio han sido críticos del chavismo desde hace años, llevó a que las declaraciones del presidente electo a la BBC no generaran gran repercusión o debates públicos en Chile entre sectores de la coalición Apruebo Dignidad. A nivel internacional sí hubo contraataques.
El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa emplazó a Boric por twitter: “Gabriel: ¿Se te olvida el criminal bloqueo a Venezuela? ¡A Venezuela le impiden vender su petróleo! ¿Cuántos chilenos estarían en la “diáspora” si se le impidiera vender el cobre a Chile? Es como encontrar un ahogado encadenado, y decir que murió por no saber nadar”.
El intelectual argentino Atilio Borón pretendió ser más cáustico: “presidente inexperto necesita clases de historia de América Latina, colonialismo cultural, imperialismo y relaciones internacionales”. En otro tuit, llamó la atención sobre el hecho de que hay 4,2 millones de emigrantes brasileños, agregando que “Venezuela sufre un bloqueo criminal, Brasil no”.
Otra pretendida refutación estadística vino de Vijay Prashad, del Instituto Tricontinental. Recordó que La India es el país con más migrantes, 18 millones, y que hay 83 millones de migrantes forzados en el mundo.
Lo que pasan por alto Borón y Prashad es que los emigrantes brasileños son menos del 2% de la población del país, en la India son el 1%, y 83 millones son menos del 1% de la población mundial. En cambio, los 6 millones de migrantes forzados venezolanos representan alrededor del 20% de la población venezolana, y han sido desplazados en poco más de ocho años.
Antes de considerar el argumento de Rafael Correa, aclaremos que las sanciones son totalmente repudiables. EEUU no tiene ningún derecho a intervenir en la política interna de un país semicolonial para imponer quién debe gobernar. Sus credenciales históricas tampoco le permiten alegar preocupaciones democráticas. EEUU no solo apoya actualmente a regímenes dictatoriales y cruentos como los de Arabia Saudí, Egipto o el apartheid israelí, además de ello ha apoyado la enorme mayoría de los golpes de Estado y las dictaduras en Latinoamérica y el Caribe en el último siglo. En los hechos, las sanciones han perjudicado a la clase trabajadora más que al gobierno. Han sido previsiblemente ineficaces para los fines que dicen perseguir.
Ahora bien, una revisión elemental de la cronología de la crisis venezolana demuestra que Correa está equivocado, las sanciones petroleras estadounidenses no generaron el éxodo venezolano. Al entrar en vigor en abril de 2019, vinieron a castigar a un país que ya estaba arruinado. Según las estadísticas de la ONU, en junio de 2019, cuando empezaron a sentirse los efectos de las sanciones petroleras, ya había más de 4 millones de migrantes forzados.
La caída de la producción petrolera también es anterior a 2019. Según la OPEP, la producción de petróleo venezolana al iniciarse las sanciones apenas superaba el millón de barriles diarios, un tercio de los niveles de producción cuando llegó el chavismo al poder en 1999. A comienzos de 2019, EEUU era el principal comprador de petróleo venezolano, y las ventas a EEUU constituían la principal fuente de divisas líquidas para el Estado venezolano, ya que gran parte de sus exportaciones a Rusia y China constituían pagos de deudas.
De hecho la crisis se inicia con el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares el barril, en 2013. El gobierno de Chávez no aprovechó los gigantescos ingresos de una década de boom petrolero para diversificar la matriz productiva y reducir la dependencia respecto de una fuente de energía con alta incidencia en el calentamiento global. Al contrario, las exportaciones de petróleo y sus derivados subieron al 96% de las exportaciones totales en 2012. También creció la deuda externa pública, de alrededor de 25 mil millones de dólares en 1999 a más de 110 mil millones en 2012.
El gobierno no nacionalizó el petróleo sino que se asoció en empresas mixtas con grandes transnacionales como Chevron, Repsol, Total, ENI y Statoil, así como empresas rusas y chinas, que se quedaron con una parte de las ganancias petroleras. Otra parte importante del ingreso petrolero se dedicó a financiar por más de quince años a empresas privadas tanto venezolanas como transnacionales, mediante la asignación de dólares a una tasa ultrasubsidiada. La fuga de capitales entre 2003 y 2014 se calcula en casi 300 mil millones de dólares, mientras el gobierno controlaba el mercado cambiario y decidía a quién asignaba dólares para importaciones, en qué cantidad y a qué precio. Para agravar la situación, entre 2013 y 2017 el gobierno pagó más de 109 mil millones de dólares en deuda externa, lo cual logró recortando las importaciones, reduciendo el gasto social y mutilando el salario mínimo hasta llevarlo al equivalente de menos de cinco dólares mensuales. Para cubrir el déficit presupuestario aumentó la liquidez monetaria, disparando la inflación a niveles desquiciantes. Paralelamente al colapso económico, crecieron la desnutrición y la mortalidad materna e infantil, a niveles no vistos desde mediados del siglo XX.
Fue con ese programa de austeridad asesina que el gobierno de Maduro liquidó su base social y sólo le quedó la opción de mantenerse en el poder restringiendo las libertades democráticas y reprimiendo al pueblo trabajador. Entre abril y julio de 2017 hubo protestas populares generalizadas, en cuyo marco fueron asesinadas más de 160 personas, en su mayoría por parte de policías, militares y paramilitares. Se documentaron miles de detenciones arbitrarias, y cientos de torturas, incluyendo violaciones sexuales.
Venezuela tuvo, según el gobierno, un modesto crecimiento económico en 2021, pero hoy la economía venezolana es menos de una quinta parte de lo que era en 2012. Ha sido este fracaso estrepitoso el que ha hecho que las expectativas que generó el chavismo en sus inicios se hayan evaporado, tanto local como regionalmente. De alguna forma es lo que reflejan los sectores de la izquierda chilena, más allá de Boric, que no ven ningún ejemplo a seguir en el gobierno venezolano.
Para intentar sobrevivir, miles de venezolanos recorren las calles, páramos, selvas y desiertos de Suramérica a pie. Chile es testigo de esta crisis. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que unos 500 venezolanos cruzan diariamente la frontera entre Bolivia y Chile. De 1.4 millones de inmigrantes en Chile, los venezolanos son el grupo más numeroso, unos 500 mil. La xenofobia va en aumento. El 30 de enero pasado, una turba ataviada con banderas chilenas atacó a un campamento de inmigrantes venezolanos en Iquique, el segundo de estos ataques en menos de seis meses, con la complicidad de la policía.
La crisis de la migración forzada venezolana de estos años solo es superada por la catástrofe siria. Y no es casual que la política exterior de Venezuela, Nicaragua y Cuba sea de incondicional apoyo a la dictadura de Assad, mientras que intelectuales como Prashad y Borón también le brindan apoyo bajo las banderas distorsionadas de un supuesto antiimperialismo.
Sacar las debidas lecciones del trágico proceso venezolano para fortalecer una auténtica solidaridad entre los trabajadores, los indígenas, los campesinos y las mujeres de la región, no solo es crucial para una política verdaderamente antiimperialista. Es la única manera de construir una alternativa socialista, a la altura de los desafíos que hoy enfrentamos en Latinoamérica.
Artículo publicado por The New Arab el 7 de febrero de 2022.
Comentarios
Publicar un comentario