Simón Rodríguez*
El 20 de abril el ex policía Derek Chauvin
fue condenado por el asesinato de George Floyd. Un jurado lo declaró culpable
de las tres imputaciones: asesinato en segundo grado y tercer grado, así como
homicidio en segundo grado. Se transmitió por televisión la lectura de la
sentencia y el momento en que un inexpresivo Chauvin era esposado y retirado de
la corte por los alguaciles para ser trasladado a una cárcel.
Fue indudablemente un triunfo de la
rebelión antirracista del verano del año pasado, en cuyo transcurso salieron a
las calles más de 20 millones de personas, en marchas gigantescas en cientos de
ciudades de todos los estados del país, sobrepasando a la represión policial y
de la Guardia Nacional, incendiando locales policiales y derribando estatuas y
monumentos racistas.
Se espera que la condena, que debe ser
dictada por un juez en las próximas semanas, sea de más de diez años de cárcel.
El fallo fue celebrado por la juventud y las comunidades que constataron que
con su movilización se pudo abrir una brecha en las prácticas de instituciones
racistas hasta el tuétano. Se marcó un hito histórico. Según la Unión Americana
para las Libertades Civiles es la primera vez en la historia del estado de
Minesota que un policía blanco es condenado por asesinar a un hombre negro bajo
su custodia.
Se estima que poco más del 1% de las
denuncias de brutalidad policial derivan en algún tipo de sanción en ese
estado. La policía emplea métodos violentos 7 veces más frecuentemente contra
negros que contra blancos en la capital estadual, Minneapolis. Pero en el resto
del país las cosas no son muy diferentes. Entre 2005 y 2017 fueron asesinadas
alrededor de mil personas por año por la policía en EEUU. En todo ese período,
solo 29 policías fueron condenados por asesinato u homicidio involuntario (BBC,
15/4/2021).
La
movilización derrotó a la impunidad
El primer reporte policial sobre los
hechos de aquel 25 de mayo fue un intento de encubrir el asesinato de Floyd.
Según ese documento, el arresto se había realizado sin incidentes pero al notar
los efectivos que el “sospechoso” parecía “estar sufriendo algún padecimiento”, solicitaron asistencia, lo que no evitó que falleciera luego en
un centro médico.
El asesinato de Floyd, a quien se
acusó de haber comprado cigarrillos con un billete falso de 20 dólares, fue
grabado en video por varias personas, entre ellas una adolescente, y quedó
expuesto ante los ojos del mundo el crimen. Durante nueve minutos Floyd fue
asfixiado por Chauvin, con la ayuda de otros tres policías, cuyo juicio se
realizará en los meses venideros. Las primeras declaraciones de los fiscales
locales indicaban que ningún policía sería enjuiciado. Las protestas
masivas cambiaron todo. Al final la policía decidió intentar lavar su imagen,
testificando contra Chauvin y acusándolo de violar los procedimientos
establecidos, algo que casi nunca se ve en los tribunales dada la complicidad
corporativa de la policía y su ideología racista.
Alivio
y nerviosismo entre los capitalistas
El presidente Biden se mostró “aliviado”
por la condena, reflejando la reacción más extendida entre los capitalistas,
temerosos de un nuevo estallido de ira popular si el racista Chauvin era
absuelto. Para la corriente política liberal de la burguesía imperialista que
representa, lo más importante es recomponer la confianza en las instituciones
represivas y judiciales, demostrando que el sistema judicial “funciona”. Con un
astuto cinismo, Biden incluso pretende ponerle el nombre de Floyd a una ley de
reforma policial. Durante las protestas antirracistas del año pasado la
recomendación de Biden a la policía era no disparar a matar sino “disparar a
las piernas”.
Como parte del esfuerzo por lavar la cara
del régimen, el Fiscal General Merrick B. Garland anunció un día después de la
sentencia contra Chauvin que se abrirá una nueva investigación a cargo del
Departamento de Justicia, que se suma a la investigación federal sobre el asesinato
de Floyd, para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis lleva a
cabo prácticas inconstitucionales o ilegales, si hay patrones de brutalidad
represiva, discriminación u otras prácticas. Normalmente este tipo de
investigación se salda con negociaciones de reformas, por lo que su sentido es
más político que propiamente judicial. De ahí que Garland insista en el
estribillo liberal de que la mayoría de los policías actúan “honorablemente” y
están a favor de reformas.
Pero otros sectores no pueden ocultar su
resentimiento ante el resonante triunfo de la lucha antirracista. El editorial del
Wall Street Journal el 20 de abril se lamentó de que la condena de Chauvin no
será vista como la demostración de que el sistema funciona, sino como un triunfo
de las protestas “ilegales”. Este sector conservador entiende que la lección
que millones han sacado de esta experiencia no es la más conveniente para la
burguesía.
Mientras habla de reformas y de superar el
racismo, el régimen sigue apretando sus tuercas con la aprobación reciente de 29
leyes estaduales represivas que atacan el derecho a la protesta. La cifra de las
nuevas leyes antidemocráticas podría subir a un centenar si se aprueban los
proyectos pendientes. Una de las leyes, por ejemplo, aprobada en Florida el día
antes del fallo contra Chauvin, permite criminalizar a personas que participen
en protestas en las que haya violencia, sin que la persona incriminada haya
cometido personalmente ningún acto violento.
Las tareas pendientes
Siguen impunes miles de asesinatos
racistas tan brutales como el perpetrado contra George Floyd, aunque no todos
hayan sido registrados en video. La lucha por llevar a la cárcel a los policías
racistas y asesinos continúa, fortalecida por la condena a Chauvin. Tampoco
debe olvidarse que durante las protestas antirracistas de 2020 se produjeron
miles de detenciones, luego de lo cual cientos de personas han resultado
criminalizadas y muchas continúan tras las rejas. Es importante continuar
luchando por una amnistía general para todos los luchadores antirracistas. La
exigencia de recortar drásticamente los presupuestos policiales para reinvertir
el dinero en la necesaria asistencia social en el marco de la crisis económica,
también sigue vigente.
Las ilusiones en que la condena de Chauvin
marca un viraje, alimentadas por Biden, su gobierno del Partido Demócrata y
otros políticos del sistema, no tienen asidero en la realidad. La brutalidad
policial racista no se ha detenido. Cerca de la corte donde fue condenado
Chauvin, apenas un mes antes, fue asesinado Duarte Wright, un afroamericano de
20 años, detenido por tener supuestamente una matrícula expirada. Casi
simultáneamente con la lectura del veredicto contra Chauvin, en Columbus, Ohio,
policías asesinaron con cuatro disparos a Ma´hkia Bryant, una adolescente negra
que en medio de un altercado había llamado a la policía para que interviniera.
Luego del asesinato, un policía gritó “Blue Lives Matter” (las vidas azules
importan), consigna utilizada por la extrema derecha para reivindicar la
brutalidad policial racista.
La realidad es que hay alrededor de 800
mil agentes policiales en EEUU, un verdadero ejército cuyo enemigo es el pueblo
pobre y trabajador, al que los capitalistas necesitan mantener a raya en medio
de la abismal desigualdad social, privado de derechos sociales como el acceso a
la salud pública gratuita; con salarios miserables y regímenes de precarización
laboral. Los sectores más oprimidos y explotados de la clase trabajadora son
los afroamericanos, los inmigrantes y los indígenas, contra ellos se ensaña la
violencia organizada del Estado capitalista, lo mismo bajo gobiernos demócratas
o republicanos.
Ninguna reforma policial puede apuntar a
modificar esta función del aparato represivo capitalista. Esto es lo que
también alimenta el legítimo odio de la juventud a la policía y el deseo de
eliminarla que subyace a la exigencia de abolirla. Pero el gobierno capitalista
e imperialista de Biden, por más presión que se ejerza sobre él, no va a
realizar una reforma que cambie la función social de la policía, mucho menos va
a abolirla y renunciar a una herramienta fundamental para mantener los
mecanismos de la explotación en funcionamiento. En Minneapolis, al calor de las
protestas, el concejo municipal declaró que eliminaría la policía y la
sustituiría por una fuerza comunitaria. Apenas cambió la correlación de fuerzas
en las calles, se abandonó el proyecto.
La rebelión antirracista logró la condena
de Chauvin. Fue un factor decisivo para la derrota política y electoral de
Trump. Ha sido una fuente de inspiración para luchadores de todas partes del
mundo. Todavía no se han terminado de cosechar sus frutos y quedan muchas
batallas por delante. La destrucción de la policía es una tarea revolucionaria
que solo pueden llevar a cabo los trabajadores, la juventud y las comunidades
oprimidas en la medida en que puedan construir sus propias organizaciones
políticas y defenderse de la violencia de los capitalistas y sus gobiernos, en
última instancia instaurando un poder obrero y popular. Solo entonces podremos
decir que se hizo justicia a las víctimas de este sistema de opresión y
explotación.
* (Publicado originalmente en UIT-CI.org)
Comentarios
Publicar un comentario