Guayana: ¿Control obrero u obreros controlados?
El gobierno y la derecha opositora coinciden en asegurar que actualmente se ensaya un modelo productivo socialista en Guayana; el gobierno adopta este discurso para adornar ideológicamente y embellecer lo que en los hechos es una ofensiva violenta contra los derechos de los trabajadores de las empresas básicas, mientras que la derecha avala las proclamaciones "socialistas" del gobierno para intentar capitalizar el descontento obrero y ganar apoyos para un agresivo proyecto privatizador, expresado con mucha claridad por Teodoro Petkoff hace unos días a través de un programa de televisión.
Uno de los pilares del modelo chavista para administrar la crisis de las empresas básicas y descargar sus costos sobre los trabajadores, es una fórmula gerencial que el gobierno ha dado en llamar "control obrero". La confusión generada por esta perversión propagandística del gobierno, y reafirmada por las histéricas denuncias anticomunistas de la derecha, ha sido muy grande, pero creemos que la experiencia directa con el modelo chavista ha permitido a miles de trabajadores burlar las trampas de la propaganda e identificar con claridad que no hay socialismo ni verdadero control obrero en el proyecto gubernamental.
¿Socialismo o capitalismo estatista?
Lo primero que salta a la vista es que en Guayana, al igual que en el resto del país, las relaciones sociales de producción no han cambiado. Para aquellos extranjeros que visitan el país esperando encontrarse con una sociedad que avanza hacia el socialismo, la estupefacción es total al ver todas las lacras del capitalismo en pleno desarrollo. Los asalariados siguen produciendo colectivamente la riqueza de la que se apropian los empresarios privados y el Estado venezolano, y estas relaciones de explotación explican la coexistencia de la más aberrante ostentación burguesa con la más cruda miseria.
Hay que recordar que la propiedad estatal, en el marco capitalista, es también una forma de propiedad burguesa. Estatización y socialización no son equivalentes, como pretende el presidente Chávez. Sólo si la movilización revolucionaria de los trabajadores destruye la actual institucionalidad y su marco legal, y la sustituye por instituciones bajo el control democrático de los trabajadores y el pueblo; sólo entonces la propiedad estatal es al mismo tiempo propiedad social.
El gobierno de Chávez ha comprado en Guayana una serie de empresas, como Sidor, Tavsa, y las briqueteras, pagando miles de millones de dólares a las transnacionales y capitales nacionales. La burocracia roja que ha sustituido a los patronos privados, da continuidad a las violaciones a los derechos de los trabajadores, incluyendo una altísima tercerización, ataques a las libertades sindicales, violación de los contratos colectivos y congelamiento de salarios. No ha habido el menor cambio en las relaciones de producción.
Algún burócrata podría alegar que si bien es cierto que estas estatizaciones no salen del marco burgués, se trata de medidas de transición al socialismo, pues le arrebatan espacio al capital privado y las ganancias de las empresas estatales retornan al conjunto de la sociedad por medio del gasto estatal. No es así, en una sociedad capitalista esa plusvalía no retorna a la sociedad en su conjunto sino que va principalmente a la clase que administra el Estado y es propietaria de la mayoría de los medios de producción, y Venezuela no es ninguna excepción.
La orientación privatizadora de Petkoff y Caldera en los años 90 y la actual orientación estatista de Chávez, son sólo distintas tácticas empleadas por sectores burgueses para apropiarse de los recursos naturales y de la plusvalía de miles de trabajadores guayaneses. En la actualidad, los beneficiarios de estas estatizaciones pagadas a precio de mercado son sectores de la burguesía ligados orgánicamente al gobierno, conocidos popularmente como "boliburguesía" o "chavoburguesía", en asociación con capitales transnacionales. En última instancia, más allá de la ineficiencia y la corrupción, esto es lo que explica la política de disminuir la producción en las empresas del hierro y el aluminio, apelar a importaciones masivas para aprovechar el diferencial cambiario, y el entreguismo que se expresa en las ventas a futuro a China y otros países, combinadas con los acuerdos para inversiones extranjeras en las empresas del aluminio como una forma velada e indirecta de privatización. Por esta misma razón, el gobierno no ha hecho un verdadero esfuerzo por desarrollar la industria aguas abajo. Como podemos ver, el actual desastre de las empresas básicas tiene grandes beneficiarios, y por lo tanto no puede considerarse meramente como el resultado de "errores" en su administración, sino como la consecuencia inevitable de un nacionalismo burgués con patas muy cortas, diametralmente opuesto al socialismo.
¿Cuál control obrero?
Para aplastar la resistencia a los planes de superexplotación que impulsa el gobierno, escala la criminalización de las protestas y las huelgas. Incluso el propio presidente Chávez hace un llamado a militarizar las empresas estatales que vayan a huelga en marzo de 2009, y pide a los organismos de inteligencia que hagan seguimiento a los dirigentes sindicales. El "gas del bueno" y la judicialización de los conflictos laborales se combina con la implementación del "control obrero" gubernamental.
Como veremos, el "control obrero" chavista representa todo lo contrario a la experiencia democrática y revolucionaria desarrollada por los trabajadores petroleros durante el combate al sabotaje en 2002 y 2003, o en Sanitarios Maracay, la Planta de Reciclaje de Mérida, y otras empresas que han sido tomadas y administradas de manera independiente por los trabajadores, a contracorriente de las leyes burguesas y la Constitución, y a pesar de la represión ordenada por el gobierno.
Lejos de significar un control democrático de los trabajadores sobre la producción y la administración de las empresas, el modelo chavista plantea la cooptación de cuadros sindicales para que integren las directivas de las empresas, la sustitución de la actividad sindical y los reclamos laborales por mesas de diálogo, la elección de directivos a partir de los candidatos que presenta el gobierno. Y principalmente, alimentar la falsa conciencia de que los trabajadores ahora manejan la empresa y que por lo tanto "los viejos métodos de la lucha de clases ya no tienen vigencia". Esto facilita el expediente chavista de acusar al que luche por sus derechos de ser "guarimbero" o "saboteador". En otras palabras, "paz laboral" y cogestión capitalista.
Lejos de cualquier similitud con un verdadero control obrero, se trata de la reedición con un forro "rojo-rojito" y pseudorrevolucionario de los mismos modelos de cogestión aplicados por empresas japonesas y europeas. De tal manera que este es el siniestro papel asignado a los comités del "control obrero" y a los trabajadores-presidentes: engrasar los mecanismos de la superexplotación y servir a la política de desnacionalización de las empresas básicas sobre la base de asociaciones con capitales transnacionales.
A este cuadro se refiere el dirigente obrero Rubén González, quien estuvo año y medio preso por encabezar una huelga en Ferrominera del Orinoco, cuando expresa "Yo no veo un control obrero, sino obreros controlados", explicando que se trata de una farsa antidemocrática. (http://laclase.info/movimiento-obrero/yo-no-veo-un-control-obrero-sino-obreros-controlados).
Hay que luchar por el verdadero socialismo, sin chavoburgueses ni transnacionales
Atilio Hernández asegura que los trabajadores confrontan en Guayana "un modelo socialista contrario a sus aspiraciones de progreso social" (http://laclase.info/movimiento-obrero/la-protesta-laboral-en-guayana), pero no es posible sostener esa afirmación. El despojo de las conquistas obtenidas por los trabajadores es el objetivo que se ha trazado el gobierno para fortalecer las cadenas de la explotación capitalista, en beneficio de la burguesía ligada al Estado, la alta burocracia privilegiada, y las transnacionales con las que se ha comprometido la producción en ventas a futuro. A todas luces lo que reina en Guayana es el capitalismo salvaje, no el socialismo.
En el enfrentamiento a esta ofensiva gubernamental, los sindicatos cumplen un papel de primer orden, pues la defensa de las conquistas contractuales y del derecho a negociar convenciones colectivas es una expresión directa de resistencia a la superexplotación. Además, los sindicatos son la principal organización propia de la clase desde la que se pueden combatir los comités y mesas técnicas que promueve el gobierno bajo la pantalla del "control obrero". De hecho, un auténtico control democrático de las empresas por parte de los trabajadores requiere del concurso de los sindicatos. Pero además es necesario combinar la lucha por la autonomía sindical con una importante batalla por la independencia política.
Los trabajadores del estado Bolívar han librado peleas extraordinarias contra las transnacionales, sufrieron los rigores de la ola privatizadora, y ahora conocen las tremendas limitaciones del modelo nacionalista burgués que impulsa Chávez. Quienes militamos en la USI consideramos que ni los partidos de la vieja derecha puntofijista ni el Psuv tienen nada que ofercer a la clase trabajadora. Esta es una hora decisiva, en la que la lucha en defensa de los derechos laborales tiene que combinarse con la construcción de una poderosa herramienta política propia de los trabajadores, para erigir una verdadera democracia obrera en las empresas básicas y colocar la producción al servicio de las necesidades del pueblo, en la perspectiva de una sociedad democrática y sin clases sociales.
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