¿Qué hay detrás de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo?

Simón Rodríguez Porras

El 10 de noviembre del año pasado, un sector de la burocracia sindical del Psuv inauguró la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad , el Campo y el Mar (CBST). El acto fue encabezado por el presidente Chávez, quien utilizó el escenario para anunciar que elaboraría una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), aprovechando de las atribuciones para legislar que le fueron conferidas a través de la Ley Habilitante en diciembre de 2010. Declaraciones recientes de voceros del gobierno han aclarado que no se redactará una nueva ley, sino que se reformará la ley vigente.

La reforma de la LOT, anunciada con bombos y platillos como parte de la campaña electoral presidencial, es una vieja deuda del gobierno, que durante más de doce años se negó a dar cumplimiento a la cuarta disposición transitoria de la Constitución. En ella se ordena al Estado restituir el esquema de cálculo de las prestaciones sociales de acuerdo con el último salario devengado, esquema que fue derogado en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera, quien también se valió para ello de una Ley Habilitante y de la complicidad de la burocracia sindical de la CTV. En el caso del presidente Chávez, aprovecha una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional (AN) bajo el pretexto de facultar al gobierno nacional para atender a miles de personas que resultaron damnificadas luego de las fuertes lluvias acaecidas a finales de 2010. Apelando a manipulaciones inescrupulosas, el presidente Chávez aprovechó la crisis de los damnificados para obtener facultades para legislar en áreas que no guardan relación alguna con el tema de la vivienda. Tal es el marco en el cual el presidente es facultado reformar la principal ley que regula las relaciones laborales en Venezuela.

No es una mera ironía de la historia, el hecho de que el presidente Chávez apele al mismo método unilateral que en su momento utilizó Caldera para ejecutar la contrarreforma laboral de 1997. Todo indica que estamos ante una nueva contrarreforma y que el gobierno apela a la vía de un decreto presidencial precisamente para limitar las posibilidades de participación protagónica de las organizaciones obreras en su discusión. Al igual que en 1997, el gobierno busca la cobertura de la burocracia sindical oficial para parodiar una consulta; al igual que hace quince años, hoy el gobierno encubre con promesas engañosas el verdadero sentido de las modificaciones al texto legal. Ya que la reforma anunciada no se limitará a cumplir con el mandato constitucional de restablecer la retroactividad de las prestaciones y reducir la jornada laboral, sino que invadirá el área de la autonomía organizativa del movimiento obrero, la libertad sindical, y el derecho a huelga.

Zamuros cuidando carne

La comisión presidencial para la reforma de la LOT está integrada únicamente por representantes de los patronos y el gobierno, mientras que los trabajadores carecen de representación. El único dirigente sindical que forma parte de la comisión, Wills Rangel, quien en otros tiempos encabezó el buró sindical de Acción Democrática en el estado Barinas, hoy comparte sus tareas sindicales con sus responsabilidades patronales, pues además de presidir la federación de trabajadores petroleros también cumple funciones desde mayo de 2010 como miembro de la Junta Directiva de Pdvsa y directivo de la empresa Dianca. Además de Rangel, integran la comisión los ministros del Trabajo, de Relaciones Exteriores, y de Planificación; el presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad; abogados expertos, y una representación del TSJ y la bancada pesuvista de la AN.

Mientras el gobierno y los patronos se consultan a sí mismos acerca de la reforma, y amenazan con sancionarla el primero de mayo venidero, el Psuv adelanta una campaña de recolección de firmas en apoyo a un texto cuya versión final no es del conocimiento público, buscando un precario barniz de legitimidad. Las maniobras del gobierno se caracterizan por su torpeza.

Una contrarreforma para dar continuidad a la política antiobrera del gobierno

De las declaraciones realizadas por diputados del Psuv y por el Presidente de la República , se desprende que el proyecto gubernamental contempla la institucionalización de organismos corporativos bajo control del Estado y el partido de gobierno, con el nombre engañoso de "Consejos de Trabajadores". El diputado Oswaldo Vera admitió en declaraciones realizadas el 17 de mayo de 2010 al diario El Universal, que una de las funciones de los Consejos de Trabajadores sería impedir cualquier paralización total o parcial de la producción en “aquellos centros de trabajo considerados estratégicos para la economía nacional”. Claramente se aprecia la concepción reaccionaria en la que se enmarcan estas figuras organizativas y su relación con conquistas históricas del movimiento obrero, como lo es el derecho a huelga. De acuerdo con la dirigencia del Psuv, este derecho debe ser negado a centenares de miles de trabajadores petroleros, portuarios, de las empresas básicas, de la agroindustria, eléctricos, entre otros, y para velar por los intereses de los patronos funcionarían estos “consejos de esquiroles”. Pero además, estas figuras ya están siendo instrumentadas. Las empresas básicas de Guayana han sido a partir del 2009 el terreno para la implementación de las más diversas modalidades de ataque estatal contra las organizaciones obreras, desde los ataques por parte de bandas armadas del Psuv, como la banda “Muralla Roja” ligada al sector de la construcción, y la criminalización de las huelgas (siendo emblemático el encarcelamiento durante más de un año y medio del dirigente obrero de Ferrominera del Orinoco, Rubén González), hasta la creación de “comités de control obrero” y la elección de gerencias antiobreras encabezadas por “trabajadores-presidentes”. Estos comités, análogos a los consejos de trabajadores, son mecanismos para la cooptación de activistas sindicales y la ejecución de una cogestión reaccionaria al estilo de la “calidad total” promovida por los empresarios privados en el furor neoliberal de los años 90. Lejos de suponer medidas de transición hacia el socialismo, todas estas políticas lo que persiguen es maniatar al movimiento obrero para avanzar sin mayores resistencias en la entrega de las empresas básicas a intereses transnacionales, a través de la constitución de empresas mixtas y los leoninos contratos de ventas a futuro.

Estas experiencias concretas, que el gobierno pretende institucionalizar a través de la reforma legal, nos adelantan la función que cumplen estas organizaciones de trabajadores carentes de autonomía, subordinadas a un Estado burgués como lo es el venezolano. Asimismo, la experiencia nos sirve como antídoto para la engañosa propaganda que presenta la reforma de la LOT como “socialista”. La verdad es que todo ataque a la autoorganización obrera sólo sirve a los patronos para poder explotar con menores resistencias al conjunto de la clase trabajadora. La unilateralidad y la falta de democracia en los métodos utilizados por el Ejecutivo para promover la reforma se corresponden con el contenido regresivo del proyecto. El movimiento obrero tiene el reto de combatir el proyecto de reforma, y movilizarse para alcanzar la retroactividad de las prestaciones y la reducción de la jornada laboral sin que estas conquistas sean moneda de cambio para instrumentar retrocesos en materia de autonomía y libertad sindical.