Simón
Rodríguez Porras
Grandes
extensiones de territorio indígena en Perijá, en el estado Zulia, fueron
invadidas a sangre y fuego por ganaderos y transnacionales, con el apoyo de los
gobiernos de la primera mitad del siglo XX. Hoy esa misma alianza de
latifundistas y militares, con la cobertura política de la MUD y el Psuv,
continúa operando para negar el derecho de los pueblos barí, yukpa y wayúu a
ocupar sus territorios ancestrales.
La
comunidad yukpa de Chaktapa ha sido el blanco de la más encarnizada violencia
por parte del gobierno y los ganaderos, debido a la posición principista del
cacique Sabino Romero de no transar y recuperar por medio de la acción directa
el territorio ocupado ilegítimamente por los ganaderos. Ya en el año 2004 había
quedado claro que el gobierno desconocería el proceso de demarcación
territorial, para proteger el latifundio ganadero y los intereses mineros en
territorio indígena.
En el año
2008, sicarios a las órdenes de los ganaderos y con la cobertura de las fuerzas
armadas, propinaron una golpiza mortal a José Manuel Romero, padre de Sabino
Romero. Para encubrir el asesinato, las autoridades dijeron que la muerte del
anciano, días después del ataque, se debió a una afección digestiva. Siguieron
más acciones de corte terrorista contra los yukpa. El 13 de octubre de 2009,
luego de una operación de guerra sucia en la que indígenas infiltrados por el
Ministerio de Interior y Justicia atentaron contra Sabino Romero, hiriéndolo
por la espalda y asesinando a otro miembro de su comunidad, el gobierno
procedió a realizar un montaje judicial por medio del cual mantuvo presos a
Sabino Romero y a Alexander Fernández durante más de un año, sometiéndolos a
torturas, aislamiento y vejando a las mujeres de la familia de Sabino que lo
visitaban en Fuerte Macoa, antes de su traslado a la Cárcel de Trujillo por
órdenes del principal sicario judicial del gobierno, el juez Eladio Aponte. La
movilización y la denuncia permanente permitieron doblarle el brazo al gobierno
y sacar a los dos presos políticos indígenas de la cárcel, por medio de una
sentencia absolutoria.
Este año,
ganaderos y gobierno redoblan su ofensiva contra los yukpa. Se desata una
campaña racista a través de los medios de comunicación regionales. El 23 de
junio tres jóvenes yukpa fueron asesinados por sicarios al servicio de los
ganaderos, en la masacre del parcelamiento Las Flores, sin que el gobierno
investigue aún el crimen. Una de las víctimas fue Alexander Fernández. En una
nueva modalidad represiva, un ataque conjunto de sicarios y efectivos del
Ejército apenas una semana después de la reelección presidencial, dejó dos
mujeres de la comunidad de Chaktapa heridas de bala, incluyendo a Zenaida, una
de las hijas de Sabino Romero, herida por la espalda. El objetivo del ataque
era desalojar la finca “Medellín” ubicada en territorio yukpa y ocupada por los
indígenas.
Es
urgente lanzar una campaña nacional de solidaridad con el pueblo yukpa y por el
reconocimiento de la autodemarcación territorial indígena, para enfrentar esta
escalada asesina del gobierno y los ganaderos.