Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
La masacre de 28 mineros a comienzos de marzo en el municipio Sifontes, al sur del país, estremeció a Venezuela. El gobierno, que inicialmente intentó a través del gobernador de Bolívar, Rangel Gómez, negar la existencia de la masacre e incluso criminalizar las denuncias realizadas en los medios y las redes sociales, tuvo que dar marcha atrás ante las protestas de familiares y vecinos de las víctimas en el pueblo de Tumeremo. Finalmente la Fiscalía realizó una búsqueda de los mineros desaparecidos, y aparecieron los cadáveres de diecisiete personas. El incidente no solo puso en evidencia el alto desarrollo de las mafias de la minería ilegal, y sus disputas sangrientas por el control de las minas, sino también la articulación de estas mafias con el poder civil y militar del chavismo, la gobernación y la Guardia Nacional Bolivariana, e incluso con autoridades de la MUD, como la alcaldía de Sifontes.
En el suroriente del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil y Guyana, la minería ilegal aurífiera es la principal actividad económica. Los planes formales del gobierno, que han incluido un programa llamado “Misión Piar”, han fracasado notablemente en el propósito de ofrecer alternativas económicas a los mineros artesanales. El estancamiento económico y la galopante corrupción civil y militar en un estado gobernado por el chavismo desde 1998, han favorecido el desarrollo de poderosas mafias alrededor de la actividad minera. El cuadro social es caótico: a las disputas entre bandas armadas por el control de las minas, se suman las agresiones a los pueblos indígenas en cuyo territorio es realizada la explotación, y eventualmente choques con las fuerzas militares, como el ataque a un grupo de mineros en La Paragua en el que militares emplearon un helicóptero artillado, en septiembre de 2006, para asesinar a seis personas. El resultado de la política oficial ha sido el recrudecimiento de la descomposición social, la pobreza y la violencia mafiosa. Estos grupos, como el que cometió la masacre de 28 mineros, no solo controlan la minería, sino redes de trata de personas, tráfico de alimentos, y están ligados a los grupos del crimen organizado que controlan los centros penitenciarios.
Solo una pequeña fracción del oro extraído y procesado en el país corresponde a la actividad realizada por la empresa estatal, Minerven. Incluso los militares participan directamente en la explotación minera. En una espectacular acción directa, luchadores indígenas del pueblo Pemón desarmaron y detuvieron a 43 militares en una mina ilegal en febrero de 2013. El gobierno respondió con procesos judiciales contra los indígenas.
El 24 de febrero de 2016, Maduro anunció la entrega de enormes concesiones sobre más del 10% del territorio nacional, el llamado “Arco Minero del Orinoco”, a transnacionales mineras de Canadá y China, como una maniobra para obtener recursos a corto plazo ante la caída de los precios internacionales del petróleo. Esto augura mayores conflictos, pues gran parte de la minería ilegal efectuada por mafias está enclavada en este territorio sobre el cual ha sido decretada la rapiña del capital imperialista. Por otra parte, la depredación del ambiente amenaza las cuencas de los ríos que tributan a la represa del Guri, la principal fuente de energía hidroeléctrica del país.
Es urgente articular una amplia coalición de organizaciones de los trabajadores, indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantiles y de izquierda, en torno al repudio a los planes de saqueo minero del gobierno y las transnacionales, por el respeto al autogobierno en los territorios indígenas, y por una reforma agraria que garantice acceso a la tierra, a financiamiento y asesoría técnica, a los campesinos pobres del estado Bolívar.