Por Simón Rodríguez Porras
La utilización de la renta petrolera por parte de los distintos gobiernos venezolanos del último siglo para alimentar a un sector burgués políticamente adicto, es una constante. En las dos décadas de gobierno chavista, se ha dado en llamar popularmente boliburguesía al sector burgués ligado al gobierno. El término abarca tanto a los viejos burgueses que se aliaron al chavismo como un sector de la burocracia cuya acumulación por medio de la corrupción le ha permitido convertirse en una nueva burguesía. Sin dejar de emplear un discurso pseudosocialista, el chavismo logró por medio del clientelismo en los años de la bonanza petrolera neutralizar a la mayor parte de la burguesía tradicional y ganarse a un sector de ella. Al mismo tiempo, precipitaba un saqueo que superaría todos los antecedentes del bipartidismo y las dictaduras militares del siglo XX. En la medida en que el conjunto de la burguesía se involucró en el saqueo, las organizaciones de la oposición patronal también medraron en ese proceso. En el transcurso de las últimas semanas han salido a la luz hechos que ilustran las relaciones turbias entre la boliburguesía y la oposición patronal, así como sus consecuencias políticas.
Contralores corruptos
El régimen cívico-militar, sacó provecho del creciente desprestigio y debilitamiento de Guaidó, así como de la corrupción de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN), para dividir al bloque mayoritario y lanzarse al asalto de la presidencia del parlamento. El parlamento en los hechos ha sido privado de todas sus competencias desde hace cuatro años, pero el gobierno en su debilidad nunca se atrevió a disolverlo formalmente y sigue estando en el centro de una disputa política importante, luego de la autoproclamación de Guaidó como presidente interino y el desconocimiento de varios gobiernos de la región de la elección presidencial de mayo 2018. Al mismo tiempo, es un espacio para transacciones corruptas entre la oposición patronal y la boliburguesía.
Nueve diputados encabezados por Luis Parra, como revelaron las investigaciones de la página web Armando.info a fines del año pasado, se asociaron con empresarios como el boliburgués Carlos Lizcano, proveedor de la red estatal de importación y distribución de alimentos CLAP, haciendo lobby en Europa y EEUU por la anulación de las sanciones en su contra. Además de los viáticos y otros pagos, algunos de estos diputados obtuvieron participación en el negocio como proveedores del CLAP, cuyo zar es un empresario colombiano llamado Alex Saab, considerado testaferro de Maduro (1). Solo ante la inminente publicación del reportaje de Armando.info, el presidente de la comisión de contraloría de la AN, Freddy Superlano, solicitó a Guaidó investigar estas redes de corrupción (2).
Había antecedentes. En 2016, la comisión de contraloría, encabezada por el diputado Freddy Guevara, quien también es dirigente de Voluntad Popular, exoneró de responsabilidades al empresario boliburgués Mauro Libi, propietario de Banplus y Avelina, acusado de sobrefacturar importaciones de alimentos por un monto superior a los 500 millones de dólares durante los años 2004-2012. El propio Guaidó, compañero de partido de Guevara, encabezó la comisión en 2017, cuando se indagó sobre las operaciones de Odebrecht. Debido a que la transnacional financió la campaña electoral de Capriles en 2012 y le pagó sobornos entre 2011 y 2013, la AN no investigó a fondo las operaciones de la transnacional brasileña en el país (3).
Lo novedoso del affaire CLAP fue que los partidos de la ex MUD, golpeados por varios escándalos de corrupción a lo largo del año 2019, optaron por expulsar o suspender a los diputados cuestionados. Pocas semanas después los sancionados protagonizarían una ruptura abierta con Guaidó, pasando a formar parte de la pseudo oposición, abiertamente colaboracionista, en cuyas filas se destacan Henri Falcón, Claudio Fermín u Ochoa Antich.
Como cabría esperar, Guaidó y sus seguidores calificaron a los diputados tránsfugas como traidores. En realidad, el procedimiento de interceder por los empresarios corruptos del chavismo es coherente con la política de Guaidó de ofrecer amnistía a los civiles y militares que hayan cometido crímenes represivos o ligados a la corrupción, con la única condición de que brinden apoyo a la oposición pro yanqui. Apoyo que puede simplemente traducirse en financiamiento. La amnistía no solo exonera la corrupción del pasado: activamente promueve la corrupción en el presente.
Esta política, que ha fracasado a la hora de hacer cambiar de bando a la boliburguesía, ha sido aprovechada por la propia oposición para justificar sus relaciones con ese sector capitalista emergente. Mientras las bases del régimen cívico-militar sigan en pie y se mantenga cohesionado el aparato represivo, las posibilidades de cooptación se inclinarán a favor del gobierno, como ha ocurrido con los diputados que apoyaron la maniobra de Parra de proclamarse presidente de la AN. Para la boliburguesía, las relaciones con la oposición parlamentaria son doblemente ventajosas al contribuir a bajar el volumen a las denuncias sobre sus negociados y sentar las bases de una nueva relación clientelar en el caso de un cambio de gobierno. Y para el gobierno, la boliburguesía hace el papel de bisagra, como un mediador informal con la oposición de la AN.
Un gobierno fantasma cuya corrupción es tangible
Los escándalos de corrupción rodearon a Guaidó desde el inicio. En febrero de 2019 se realizó la fallida operación en la frontera colombo-venezolana para ingresar implementos médicos y alimentos aportados por el gobierno de EEUU. Aunque eran escasos, la mayor parte de los alimentos almacenados en Cúcuta se descompusieron sin ser distribuidos a los miles de refugiados venezolanos en territorio colombiano.
Otros problemas surgieron. Bajo la promesa de ayuda económica, decenas de militares desertaron y cruzaron la frontera. A ellos se sumaron otros tantos previamente exiliados, congregándose en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta. Rápidamente empezaron a acumular deudas con hoteles de la ciudad. Sorteando a su emisario en Colombia, Humberto Calderón, Guaidó envió a dos emisarios a encargarse del asunto, quienes rápidamente amasaron una cantidad importante de dinero de gobiernos y empresarios, pero en vez de destinar el dinero al propósito declarado, se lo apropiaron. Las denuncias sobre el caso fueron publicadas en junio en medios opositores y luego fueron confirmadas por Calderón (4). Cuando fue removido de la “embajada” en Colombia, ratificó sus denuncias y agregó que se había opuesto al manejo que emisarios de Guaidó dieron a la empresa estatal venezolana Monómeros, radicada en Colombia (5).
El sucesor de Guaidó en la comisión de contraloría, Freddy Superlano, también de Voluntad Poplar, adquirió notoriedad durante el operativo “humanitario”, al ser drogado con escopolamina junto a un asistente por dos mujeres en situación de prostitución, quienes les habrían robado una importante cantidad de dinero en efectivo (6).
La alianza de Guaidó con el régimen colombiano, estrechamente ligado al narcotráfico y el paramilitarismo, también colocaría en entredicho sus pretensiones democráticas. La detención de cabecillas del grupo narcoparamilitar colombiano Los Rastrojos llevó a la filtración en septiembre del año pasado de fotografías en las que los capos del grupo, conocidos como el Brother y el Menor, quienes habrían coordinado el cruce fronterizo de Guaidó en febrero, posan junto a él (7).
Otro escándalo fue la designación de José Ignacio Hernández en el cargo de Procurador del autodenominado gobierno interino. Hernández era cuestionado por su rol en la demanda de la transnacional canadiense Crystallex contra Citgo. En el juicio fungió de testigo experto de la empresa en contra del Estado venezolano, pero en su rol de Procurador debía defender a Citgo de las pretensiones confiscatorias de Crystallex. Guaidó se negó a remover a Hernández incluso cuando, en julio de 2019, una corte estadounidense confirmó una confiscación contra Citgo por $1400 millones a favor de Crystallex.
Cuando, superando la disidencia de algunos diputados opositores, la AN aprobó en enero de este año la asignación al cuestionado Hernández de un fondo de 20 millones de dólares para litigios en el extranjero, se abrió una nueva crisis, pues en la solicitud de los recursos, que se tomarían de Citgo, no se detallaban los litigios en cuestión. Puesto en evidencia, Hernández puso su cargo a la orden, pero Guaidó se negó a removerlo.
Para aparentar una cierta rectificación, en febrero de este año, se designó a un “contralor interino”. El remedio no lució mejor que la enfermedad. El funcionario designado, Juan Pablo Soteldo, viene de una larga trayectoria como contralor de gestiones chavistas en el estado Lara, entre 1998 y 2010, y posteriormente en Carabobo y Zulia, caracterizadas todas por la impunidad de la corrupción. Su papel parece ser el de asesorar a los administradores del financiamiento yanqui para que la corrupción pase desapercibida.
Tamara Adrián asesoró a boliburgueses para saquear a PDVSA “legalmente”
La diputada Tamara Adrián, del partido de Guaidó, asesoró legalmente a los empresarios chavistas Luis e Ignacio Oberto en el año 2012, durante la configuración de un esquema fraudulento en perjuicio del Estado venezolano, aprovechando la gigantesca brecha cambiaria, con la que el chavismo facilitó por más de una década toda clase de crímenes económicos.
Luis Oberto, yerno del banquero boliburgués Víctor Gill, e Ignacio Oberto se apropiaron de unos 4500 millones de dólares, realizando préstamos en bolívares a PDVSA para luego recibir pagos en dólares a una tasa muy inferior a la del mercado paralelo, pagando grandes sobornos a los funcionarios chavistas encargados de aprobar las operaciones. El esquema fue utilizado por otros boliburgueses como Alejando Betancourt, Raúl Gorrín o incluso familiares de Maduro. El Nuevo Herald sacó a la luz pública este año el papel jugado por la abogada Adrián en 2012 al brindar un aval legal a los Oberto, mientras diseñaban dicho esquema. Actualmente estas operaciones están bajo investigación por parte de las autoridades de EEUU (8). La hoy diputada reivindicó su papel al ser consultada: “las operaciones de la compañía funcionaban de manera muy transparente en el momento de realizar la asesoría… las operaciones… eran totalmente legítimas”. En una rueda de prensa posterior dijo que las publicaciones del Miami Herald y el Nuevo Herald constituían maniobras del gobierno chavista para desprestigiar a la oposición. Pero en su cuenta de twitter, Adrián admitió que “los hijastros de Maduro, los llamados bolichicos y el Sr. Gorrín, entre otros encontraron en la brecha observada en mi opinión el germen de un medio para drenar recursos de PDVSA para enriquecerse. Y potenciaron estas operaciones por varios años” (9).
El monto saqueado a través de las bicicletas financieras armadas en torno a las distorsiones cambiarias fue tan grande que el banquero Charles Henry de Beaumont de la entidad suiza Compagnie Bancaire Helvetique, señalado como operador de lavado de dinero para los Oberto y otros boliburgueses, habría amasado 22 millones de dólares tan solo por concepto de comisiones (10).
Los bolichicos de Derwick
Otra trama investigada en EEUU es el lavado de 1200 millones de dólares en Florida, a través de inversiones en bienes raíces. Se trataría de dólares captados de PDVSA, mediante el esquema de los préstamos fraudulentos, en el que habrían participado boliburgueses como Francisco Convit y Alejandro Betancourt de la empresa Derwick; el dueño de medios Raúl Gorrín, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Ortega; también Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijastros de Maduro, y un grupo de ex altos funcionarios de PDVSA. Por este caso ya fue condenado Mathias Krull, empleado alemán del banco suizo Julius Braer. De acuerdo con la investigación, en el año 2014 empresas como Derwick, Global Security Advisors y Global Strategic Investments comenzaron la ejecución de un esquema para apropiarse de petrodólares mediante operaciones fraudulentas y luego lavar el dinero en EEUU. El volumen de las inversiones de la boliburguesía en EEUU es tan grande que en el año 2015 el 13% de los compradores internacionales en Miami eran venezolanos (11).
Anteriormente Derwick, cuyos ejecutivos son conocidos popularmente como bolichicos por su relativa juventud, había recibido en medio de una crisis eléctrica contratos sin licitación por parte de empresas estatales como PDVSA, Corpoelec y Sidor-CVG, por más de 2.200 millones de dólares para la importación y ensamblaje de plantas eléctricas. Entre 2009 y 2012 realizó una compra masiva de chatarra, equipos de segunda o tercera mano comprados como si fueran nuevos y que a los pocos años quedaron inservibles. Derwick luego se asoció con PDVSA y la empresa rusa Gazprom en la empresa mixta Petrozamora para participar del festín petrolero directamente. Una extraordinaria trayectoria para una empresa de maletín creada por un grupo de hijos mimados sin experiencia previa en la industria de la energía, pero apoyados en sus relaciones personales con un hijo del fallecido Chávez y con viejos zorros de la corrupción de los 80 y 90 como Ramos Allup o Eloy Montenegro, director del Banco Latino durante el desfalco de los años 90, uno de los grandes hitos de la corrupción venezolana. Existen versiones periodísticas de que Derwick habría sobornado a medios opositores opositores como El Nacional y que sus ejecutivos habían fungido como testaferros de Rafael Ramírez y Diosdado Cabello (12).
Brevemente los negocios de Derwick fueron investigados por la Fiscalía General, pero en el año 2014 se cerraron las investigaciones.
Betancourt, Guaidó y Giuliani
Alejandro Betancourt, fundador y presidente de Derwick, es propietario de la finca El Alamín en Toledo, valorada en más de 22 millones de euros, en asociación con Francisco D´Agostino, yerno del banquero boliburgués Víctor Vargas y cuñado de Henry Ramos Allup. La propiedad, que incluye un castillo, irónicamente fue adquirida en una subasta estatal. Su anterior propietario había sido un empresario condenado por fraude (13).
Los problemas legales de Betancourt en EEUU lo llevaron a emprender una audaz y costosa defensa legal, al contratar a Rudolph Giuliani, el ultra reaccionario ex alcalde de Nueva York quien también es abogado personal y asesor informal del presidente Trump. El Alamín fue el escenario de una fiesta en agosto de 2019 a la que concurrieron Betancourt, Giuliani y Wilmer Guaidó, padre de Juan Guaidó. Reuters reseñó que el papel de Wilmer Guaidó consistió en confirmar que su hijo había recibido un importante financiamiento por parte de Betancourt. Giuliani pocas semanas después, en septiembre, se reunió en Washington con autoridades del Departamento de Justicia, ante quienes alegó que Betancourt colaboraba con los objetivos de la política exterior estadounidense en Venezuela al financiar a Guaidó. A tal efecto, en El Alamín había grabado un video con el testimonio de Wilmer Guaidó. Según Reuters, cuyo reportaje se basa en varias fuentes, Giuliani mencionó la disposición de Juan Guaidó de confirmar ante los funcionarios judiciales la información sobre el financiamiento de Betancourt (14).
En resumidas cuentas, a pocas semanas del escándalo de Luis Parra y los diputados del “bloque del CLAP”, se confirmó que Guaidó empleó a su padre como emisario para precisamente la misma tarea, interceder a favor de un boliburgués ante el gobierno de EEUU. A cambio de una indeterminada pero relativamente pequeña parte del botín petrolero saqueado a través de Derwick, Betancourt fue beneficiario de la “amnistía” de Guaidó.
Tanto Juan como Wilmer Guaidó negaron conocer a Betancourt o haber recibido dinero. Para su desgracia, CNN publicaría el 7 de febrero evidencia fotográfica de la presencia de Wilmer Guaidó en El Alamín, así como testimonios de que el propio Juan Guaidó conversó con Giuliani vía Face Time (15). Las fotos fueron tomadas por Lev Parnas, un socio de Giuliani que apoyó los canales informales de comunicación entre Trump y el gobierno ucraniano para presionarlo a abrir investigaciones que pudieran incidir en la campaña presidencial yanqui, una maniobra que estuvo en el centro del reciente juicio político. El Washington Post ya había publicado trabajos el año pasado sobre la reunión de Giuliani con Betancourt en El Alamín, revelando que durante dicha reunión Giuliani también se reunió con un alto funcionario ucraniano (16).
De manera similar a sus gestiones al servicio de Betancourt, Giuliani habría ofrecido ayudar a un oligarca ucraniano con problemas legales en EEUU, Dmytro Firtash, consiguiéndole una reunión con el Fiscal General William Barr, a cambio de información sobre Joe Biden que fuera útil a Trump en las venideras elecciones.
Pero en relación con Venezuela, Giuliani no se ha limitado a realizar gestiones al servicio del cabecilla de Derwick. El Washington Post reveló que un año antes, en septiembre de 2018, el abogado de Trump participó en una llamada telefónica con Maduro en la que se discutieron posibles salidas negociadas al impasse entre su gobierno y el de Trump. Participó de la llamada además el congresista Pete Sessions, quien respondía al lobby del empresario petrolero yanqui Harry Sargeant, y ya había formado parte a comienzos de año de negociaciones secretas con el gobierno chavista. A Sargeant le preocupaba que las posibles sanciones contra Venezuela perjudicaran a las empresas petroleras yanquis, favoreciendo a la competencia rusa y china. En un nuevo ejemplo del rol mediador que ejerce la boliburguesía, Sessions fue recibido por el empresario chavista Raúl Gorrín. Para Maduro, el objetivo de las negociaciones era promover el reconocimiento de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 (17).
El contorsionismo moral del chavismo
El gobierno ha pretendido sacar provecho de la publicidad a las relaciones entre Guaidó y Betancourt. El ministro de información, Jorge Rodríguez, ha realizado extensas declaraciones sobre el tema. Como el gobierno está tan sumergido en la trama corrupta, ya no evade estos temas, su estrategia es embarrar a la oposición parlamentaria con el propio desprestigio. Ya el gobierno empleó un recurso parecido hace un año, al presentar imágenes de una reunión secreta realizada entre el diputado Guaidó y los dirigentes chavistas Cabello y Bernal (18).
El gobierno no solo denunció los vínculos de Betancourt con Guaidó, sino también con quien fue presidente de PDVSA durante la mayor parte del gobierno de Chávez, Rafael Ramírez. El 23 de enero, Rodríguez arremetió contra Ramírez, actualmente exiliado: “Betancourt es un corrupto que se hizo rico gracias a los contratos ilícitos que le dio Rafael Ramírez cuando fue presidente de Pdvsa”. Ramírez respondió recordando que Majed Khalil, quien se enriqueció con los contratos eléctricos, era testaferro de Rodríguez. Además, acusó a Rodríguez y Maduro de robarse 40 millones de dólares que donó Odebrecht para la campaña presidencial de 2012 (19). Se rompió el pacto mafioso del silencio cómplice entre boliburgueses.
Trump y la boliburguesía
La fortuna de Trump se ha basado en la especulación inmobiliaria, sector que depende en gran medida del lavado de dinero y en el cual las regulaciones son especialmente laxas, tanto en EEUU como en la mayor parte del mundo capitalista. Trump mantuvo relaciones de negocios a lo largo de su carrera empresarial con la mafia italiana en EEUU, la mafia rusa, y más recientemente también con la boliburguesía.
El periodista David Enrich ha documentado la relación entre Trump y el Deutsche Bank. Es una relación que ha salido a relucir recientemente a raíz de las peleas judiciales, aún sin conclusión, por la publicación de los recibos de pagos de impuestos del presidente yanqui. El banco alemán le prestó, entre 1998 y 2016, dos mil millones de dólares a Trump, además le puso en contacto con inversionistas de la oligarquía rusa. El trabajo de Enrich evidencia que el Deutsche Bank, en su momento uno de los grandes financistas del nazismo, estaba al tanto y ponderó los riesgos asociados al lavado de dinero al servicio de los gángsters rusos por parte de Trump (20).
La publicación de los registros financieros de Trump podría revelar una conexión de negocios más importante que la hasta ahora conocida, entre el magnate imperialista y la boliburguesía. Pero lo que se conoce no es menor. En el marco de la crisis económica mundial abierta en 2007, y a la luz de la masiva exportación de capitales de Venezuela al calor del saqueo chavista, la burguesía venezolana se convirtió en un nicho de clientes significativo para el mercado inmobiliario en EEUU y Latinoamérica. La Organización Trump vendió en 2015 una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, por 2 millones de dólares a una empresa de maletín en la que participaba la esposa del ex ministro chavista Pedro Morejón, considerado por fuentes periodísticas como testaferro de Diosdado Cabello. La adquisición se efectuó apenas dos meses antes del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Trump, de tal forma que el chavismo habría inyectado recursos a las arcas de Trump mientras se disponía a arrancar su campaña electoral, brindándole un financiamiento indirecto (21).
Algunas de las ventas de Trump a la burguesía chavista habrían sido pagadas por encima de su valor, en efectivo o empleando empresas de maletín. Moris Beracha, un antiguo asesor del ex gobernador y ex ministro de finanzas chavista Rafael Isea, quien luego de romper con Maduro se exilió bajo la protección del gobierno de EEUU, compró tres propiedades de Trump en Nueva York y Florida, entre 2002 y 2008, una de ellas de 3,6 millones de dólares. Beracha enfrentó un proceso judicial por participar en una estafa piramidal de unos 500 millones de dólares. El empresario Roberto Rincón, condenado en EEUU por pagar sobornos en PDVSA para asegurarse contratos, compró otra propiedad de Trump en Florida por 1,7 millones de dólares en 2011. Ronald Sánchez, hermano de un alto funcionario de Chávez, compró otra propiedad en Florida por 625 mil dólares el mismo año. Rubén Halfen, de la contratista Inelectra con contratos de PDVSA, pagó 5,1 millones de dólares por una propiedad en Nueva York, en 2008. Otros burgueses ligados al régimen chavista compraron propiedades de Trump en Panamá (22).
Con estos antecedentes, resultan menos sorprendentes gestos del gobierno chavista como la donación de medio millón de dólares por parte de Maduro a través de Citgo a la celebración inaugural del gobierno de Trump en 2016, o las reiteradas inversiones en empresas de cabildeo ligadas al partido Republicano en Washington. Un examen de los hechos medianamente riguroso destruye las pretensiones del chavismo de presentarse como antiimperialista o socialista. Pero también queda claro que la oposición proyanqui carece de las credenciales democráticas o anticorrupción de las que tanto gusta cacarear. Si bien el gobierno de EEUU, fiel a su tradición imperialista, ha adoptado unos objetivos de política exterior en relación con Venezuela que están orientados al establecimiento de un gobierno que sea su agente directo, como Guaidó, no indirecto como lo es el chavismo, no es menos cierto que el gobierno de Trump es entre los gobiernos yanquis de las últimas décadas el más caótico, incoherente y dispuesto a sacrificar objetivos estratégicos en función de consideraciones tácticas o de corto plazo. Los mecanismos informales de los que dispone la presidencia para impulsar sus políticas están en permanente tensión con el aparato estatal formal, ello se refleja en la contradicción de que mientras Giuliani adopta como cliente a uno de los grandes criminales de la boliburguesía y usa a Guaidó como ficha en su defensa legal, el enviado especial para Venezuela, Abrams, expresa públicamente su preocupación en relación con los financistas privados del “gobierno interino”.
Para la mayoría del pueblo trabajador venezolano, sometido a la opresión brutal de un régimen cívico-militar dictatorial, así como a la superexplotación derivada de la contrarrevolución efectuada por Maduro en las relaciones laborales, reconocer en el gobierno y en la boliburguesía a sus enemigos no es suficiente. Todavía resta superar el peligro que representa confiar en el gobierno de Trump, que demuele con sanciones lo que queda de la economía venezolana mientras exonera con licencias específicas a Chevron y las demás empresas yanquis para que continúen saqueando el país en sociedad con el chavismo. Tampoco se puede confiar en el títere yanqui Guaidó, ávido de echar mano a los dólares robados por la boliburguesía. Las relaciones mafiosas entre la oposición parlamentaria y la boliburguesía, develadas en toda su crudeza en los últimos meses, refuerzan esa conclusión.
Referencias
1.- Quién es quién en la trama corrupta que involucra a diputados, El Estímulo, 5 de enero de 2020 https://elestimulo.com/climax/quien-es-quien-en-la-trama-corrupta-que-involucra-a-diputados
2.- ¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin, Roberto Deniz, 1 de diciembre de 2019 https://armando.info/Reportajes/Details/2614
3.- Odebrecht financió a la oposición venezolana a través de cuentas en Suiza, Francois Pilet, 21 de marzo de 2019 https://www.swissinfo.ch/spa/corrupción_odebrecht-financió-a-la-oposición-venezolana-a-través-de-cuentas-en-suiza/44837146
4.- Calderón Berti admite que investigación por corrupción inició «hace dos meses», Jesús Herrera, 16 de junio de 2019 https://www.eluniversal.com/politica/43044/calderon-berti-admite-que-investigacion-por-corrupcion-inicio-hace-dos-meses
5.- Excolaborador afirma que Guaidó debe combatir la corrupción en su círculo, Ethan Bronner, 11 de diciembre de 2019 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-11/ousted-envoy-says-guaido-must-clean-up-venezuelan-opposition
6.- Encuentran emburundangado a diputado opositor venezolano en motel de Cúcuta, Semana.com, 24 de febrero de 2019 https://www.semana.com/mundo/articulo/encuentran-emburundangado-a-diputado-venezolano-en-un-motel-en-cucuta/602734
7.- Las fotos en las que Guaidó aparece junto a jefes de los Rastrojos, Semana.com, 12 de septiembre de 2019 https://www.semana.com/nacion/articulo/las-fotos-en-las-que-guaido-apareceria-con-jefes-de-los-rastrojos/631623
8.- Opositora asesoró operaciones que derivaron en mayor caso de corrupción de Venezuela, Antonio María Delgado y Jay Weaver, 10 de febrero de 2020 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article239989603.html
9.- 10 de febrero de 2020 https://twitter.com/TamaraAdrian/status/1227027187041173505
10.- EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción, Antonio María Delgado y Jay Weaver, 26 de noviembre de 2019 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article237169735.html
11.- Venezuela: la red de exfuncionarios chavistas acusada de desfalcar US$1.200 millones a la petrolera estatal PDVSA y lavar dinero con propiedades en Miami, BBC News Mundo, 26 de julio de 2018 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44975872
12.- Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra eléctrica, Carlos Díaz, 9 de mayo de 2016 https://www.larazon.net/2016/05/entrevista-thor-halvorssen-bolichicos-estafaron-con-chatarra-electrica
13.- Finca El Alamín: el paraíso o el infierno de Alejandro Betancourt, César Batiz, 1 de diciembre de 2019 https://elpitazo.net/opinion/los-pitazos-del-director-finca-el-alamin-el-paraiso-o-el-infierno-de-alejandro-betancourt
14.- Giuliani pidió indulgencia legal para empresario que dice haber financiado oposición venezolana: fuentes, Aram Roston, Matt Spetalnick y Brian Ellsworth, 22 de enero de 2020 https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-politica-giuliani-guaido-idLTAKBN1ZL2CM-OUSLT
15.- Fotos de Rudy Giuliani en España muestran que Lev Parnas tiene mucho más por contar, Vicky Ward, 7 de febrero de 2020 https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/07/exclusivo-cnn-fotos-de-rudy-giuliani-en-espana-muestran-que-lev-parnas-tiene-mucho-mas-por-contar
16.- A wealthy Venezuelan hosted Giuliani as he pursued Ukraine campaign. Then Giuliani lobbied the Justice Department on his behalf, Rosalind S. Helderman, Devlin Barrett, Matt Zapotosky y Tom Hamburger, 26 de noviembre de 2019 https://www.washingtonpost.com/politics/a-wealthy-venezuelan-hosted-giuliani-as-he-pursued-ukraine-campaign-then-giuliani-lobbied-the-justice-department-on-his-behalf/2019/11/26/272105a2-0ec5-11ea-b0fc-62cc38411ebb_story.html
17.- Trump’s lawyer and the Venezuelan president: How Giuliani got involved in back-channel talks with Maduro, Rosalind S. Helderman, Tom Hamburger, Anthony Faiola y Josh Dawsey, 30 de diciembre de 2019 https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-lawyer-and-the-venezuelan-president-how-giuliani-got-involved-in-back-channel-talks-with-maduro/2019/12/29/289dc6aa-235f-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
18.- Ministro venezolano revela detalles de la reunión entre Gobierno y diputado opositor, Telesur, 25 de enero de 2019 https://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-rodriguez-reunion-gobierno-diosdado-guaido–20190125-0027.html
19.- Ramírez respondió a acusaciones de Jorge Rodríguez: «Eres el colmo del cinismo», El Nacional, 23 de enero de 2020 https://www.elnacional.com/venezuela/ramirez-respondio-a-acusaciones-de-jorge-rodriguez-eres-el-colmo-del-cinismo
20.- The money behind Trump´s money, David Enrich, 4 de febrero de 2020 https://www.nytimes.com/2020/02/04/magazine/deutsche-bank-trump.html
21.- Trump arremete contra los chavistas, pero ¿hizo dinero vendiéndoles propiedades?, Ben Wieder y Kevin G. Hall, 6 de mayo de 2019 https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article230073569.html
22.- Real estate mogul Trump sold condos to regime-connected Venezuelans, Anita Kumar, 4 de Agosto de 2019 https://www.politico.com/story/2019/08/04/trump-real-estate-regime-venezuela-1445264
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