El golpe de Estado de los militares en Myanmar, país también conocido como Birmania, ha sido respondido contundentemente. Millones se lanzaron a las calles, formaron comités de huelga a lo largo del país y organizaron la huelga general. En los barrios obreros y las ciudades del interior se levantaron barricadas para resistir los ataques de los militares. Organizaciones alzadas en armas de las nacionalidades oprimidas acordaron luchar unitariamente para derrotar el golpe. Es urgente la solidaridad internacional.
El 1° de febrero, militares bajo las órdenes del general Min Aung
Hlaing irrumpieron en el Parlamento para impedir la juramentación de los
diputados electos. La consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y el presidente
Win Myint fueron detenidos, así como cientos de parlamentarios. Inmediatamente
surgió una masiva resistencia en las calles contra la junta militar conducida
por el Consejo de Administración Estatal. El 4 de febrero, unos 378
parlamentarios, tres cuartas partes del nuevo Parlamento, detenidos en un
hotel, se juramentaron en sus cargos. A algunos les dictaron luego la detención
domiciliaria y lograron escapar y el 8 de febrero conformaron el Comité
Representante del Parlamento de la Unión (CRPU) como gobierno legítimo. Los
golpistas respondieron acusándolos de traición, delito que se castiga con la
pena de muerte.
Movilizaciones masivas y huelga general
A pesar de que la mayoría de sus integrantes son miembros de la Liga
Nacional por la Democracia (LND), este comité se pronunció a favor de la
Revolución de Primavera, nombre que le dio la juventud a su propio proceso de
lucha, incorporando a sus proclamas exigencias democráticas del Movimiento de
Desobediencia Civil, los comités de huelga y los grupos armados de las
nacionalidades oprimidas, como por ejemplo decretando la prohibición de todos
los despidos de trabajadores y los desalojos de inquilinos. Todos estos
sectores intentan conformar un gobierno de unidad nacional, ya que el 31 de
marzo expiró el mandato del gobierno saliente.
Todo esto refleja que hay una revolución en curso. El 22 de febrero se
inició la huelga general con movilizaciones masivas. Al ir perdiendo el control
de las calles, los militares restringieron el acceso a internet en un
desesperado intento por impedir el flujo de la información. Más de dos mil
personas fueron detenidas y se declaró la ley marcial en sectores de la antigua
capital, Rangún, sobre todo en los barrios de obreros industriales. Además, los
militares, acusando a quienes resisten por traición, sedición o esparcir
noticias falsas, pueden imponerles condenas a muerte, cárcel y trabajo forzado.
A las multitudinarias movilizaciones las acompañaron protestas relámpago contra
oficinas de la ONU, China y Rusia, principales apoyos internacionales de los
golpistas. Centros comerciales y edificios de las empresas militares fueron
incendiados. El 24 de marzo se llevó a cabo una dramática huelga silenciosa. Las
calles quedaron desiertas. Para intentar contrarrestar el efecto, los golpistas
liberaron a cientos de presos. Mientras que los gobiernos europeos y de los EE.UU. hicieron anuncios
simbólicos de sanciones a individuos e instituciones birmanas, transnacionales
petroleras como Total, de Francia, y Chevron, de los EE.UU., se rigen por su
principio “los negocios son los negocios”. La hipocresía yanqui se evidencia,
además, por su apoyo al régimen golpista de Tailandia.
Rusia es el principal proveedor de armas del ejército birmano, el
Tatmadó, y le brinda asesoría en temas como la supervisión de las redes
sociales. El viceministro de Defensa ruso estuvo presente en el desfile militar
del 27 de marzo en la capital, Naypyidó. El jefe golpista calificó al gobierno
de Putin como “un verdadero amigo”. China, India, Pakistán, Bangladesh,
Tailandia, Vietnam y Laos también enviaron representantes. Simultáneamente, se
llevaba a cabo la peor represión desde el inicio del golpe. Al menos 114 personas
fueron asesinadas por los golpistas, sumando más de quinientas víctimas
mortales desde el 1° de febrero, según la Asociación de Asistencia a los Presos
Políticos. Los golpistas también lanzaron bombardeos contra el pueblo Karen,
cerca de la frontera con Tailandia, luego de que un ataque rebelde ajustició a
diez militares birmanos en un puesto fronterizo. China es el principal inversionista extranjero en el país. Bajo el
cogobierno entre los militares y Suu Kyi, se entregaron concesiones a empresas
chinas en las regiones de las etnias oprimidas. A la par de ese proceso de
desposesión, aumentaron el presupuesto militar y la represión. Pero la LND es
un aparato electoral dependiente de un liderazgo mesiánico, carece de
estructuras de base sólidas y no controla los comités que han ido surgiendo al
calor de la lucha. Lucha armada de masas El Ejército de
Arakán, el Ejército Taang de Liberación Nacional y el Ejército de la Alianza
Nacional Democrática de Myanmar se han pronunciado conjuntamente contra el
golpe y por la defensa del pueblo movilizado ante la represión. La Unión
Nacional Karen y el Ejército Independentista Kachin también han repudiado el
golpe. Existe una veintena de grupos rebeldes
armados, algunos lanzaron operaciones militares contra los golpistas. El CRPU
declaró el 17 de marzo que reconoce el derecho de todos los grupos étnicos a
tener su propia organización militar, y el 31 de marzo declaró abolida la
Constitución de 2008. También ha llamado a los gobiernos a cortar lazos con los
golpistas y a las empresas a no pagar impuestos a las autoridades ilegítimas.
El establecimiento de una república federal democrática en Birmania implica una
ruptura con el nacionalismo opresor que la mayoría budista bamar ha ejercido
contra las nacionalidades oprimidas desde la independencia. Ante
la persecución, algunos parlamentarios consiguieron refugio en los territorios
liberados por los grupos rebeldes. Los militares no controlan la mayor parte
del país. A esos territorios liberados hay que sumar la resistencia en las
ciudades, con protestas diarias en más de trescientas ciudades del país. Hay
cacerolazos todas las noches. Cada día que pasa crecen las deserciones de
funcionarios públicos, policías y militares.
Miles de jóvenes
y trabajadores fabricaron armas caseras y levantaron barricadas para defenderse
de los militares. Estos destacamentos urbanos, junto con grupos rebeldes en las
zonas rurales, tienen la intención de constituir un nuevo ejército federal. La
Fuerza de Defensa y Seguridad de la Región Kalay es una de las nuevas
organizaciones armadas que ha surgido como parte del proceso de construcción de
ese ejército popular. A través de plataformas de internet se han realizado
campañas para financiar a la resistencia, que reunieron más de 9 millones de
dólares en marzo. Existe una
amplia conciencia de la relación entre la revolución birmana, la rebelión del
año pasado en Tailandia y la de 2019 en Hong Kong. Esta solidaridad entre
pueblos se ha llamado la “alianza del té con leche” y en todos esos países y
procesos de lucha se ha popularizado el saludo de tres dedos. Las principales
expresiones de apoyo internacional, como protestas ante las embajadas de
Birmania, China y Rusia, se han llevado a cabo en estos países. A esta
solidaridad de los pueblos de la región, desde la UIT-CI consideramos que es
urgente fortalecerla con una campaña internacional de las organizaciones que se
reclaman democráticas, de la izquierda y las organizaciones sindicales, en
apoyo a la revolución birmana contra el golpe, planteando en cada país la ruptura
de relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno golpista, el apoyo
económico a la revolución y el suministro de armas, así como la realización de
movilizaciones contra las embajadas de Myanmar, China y Rusia. Por el triunfo
del pueblo trabajador, la destrucción de las fuerzas armadas burguesas y un
gobierno de las organizaciones obreras y populares. Un tercio de la población birmana forma parte de las etnias o nacionalidades oprimidas. En el caso de la persecución genocida contra los rohingyas, en 2012, recrudeció la política contra ellos. En 2017 hubo un salto en el proceso de limpieza étnica, con 700.000 personas desplazadas a la fuerza. Desde 1982 los rohingyas son apátridas, sin derecho a casarse o tener propiedades. Tampoco son reconocidos como ciudadanos los panthay, los gurkha, los birmanos indios o los birmanos chinos. Pero el golpe de Estado y la revolución generaron cambios en las relaciones entre los pueblos. Organizaciones estudiantiles bamar han emitido disculpas públicas por no haber condenado el genocidio contra los rohingyas y estos, a su vez, se han pronunciado en apoyo a la revolución. Estos nuevos lazos de solidaridad se reflejan en la aspiración común de crear una república federal. Una historia de regímenes burgueses
militares Birmania, desde 1824, fue integrada a la colonia británica de India y
luego de 1937 fue administrada como colonia separada. Entre 1943 y 1945 estuvo
bajo ocupación japonesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y sufrió
terribles devastaciones. La Liga Antifascista de Liberación Popular gobernó
entre 1945 y 1962, primero como parte de la administración colonial y, a partir
de 1948, como gobierno independiente, encabezado por U Nu, quien antes había
sido canciller del gobierno títere projaponés. El ejército birmano, dirigido
por Aung San, se había fundado también en Japón y en los primeros años de la
guerra peleó del lado japonés, pasando luego al bando de los aliados. El
Partido Comunista estalinista, aplicando la estrategia del frente popular,
intentó integrarse a la coalición nacionalista gobernante, aunque un sector
minoritario rompió para continuar la lucha armada contra los ingleses en 1946.
Entre 1948 y 1989 los comunistas desarrollaron una guerra de guerrillas contra
los sucesivos gobiernos nacionalistas. Entre 1962 y 1988, fruto de un golpe militar, se estableció un régimen
bonapartista de partido único, encabezado por el general Ne Win y una peculiar
burguesía militar, cuya doctrina oficial era un compendio de ideas
nacionalistas y esotéricas denominado “la vía birmana al socialismo”,
antagónico a lo que consideraban el “dogmatismo marxista”. Se estatizaron las
principales industrias y se apostó a la autarquía. El continuo saqueo por parte
de los militares llevó la economía a la ruina. Toda disidencia enfrentaba
detenciones, torturas y asesinatos. Luego de grandes protestas populares, en marzo y junio de 1988, Ne Win
renunció a la dirección del Partido del Programa Socialista de Birmania (PPSB)
y propuso un referendo para permitir la
legalización de partidos opositores, aunque el PPSB lo rechazó. El
Levantamiento 8888, así llamado por haberse iniciado el 8 de agosto, obligó al
gobierno a convocar a elecciones antes de concluir el año. Pero el 18 de
septiembre, el general Saw Maung encabezó un nuevo golpe y proclamó un gobierno
de facto, el Consejo Estatal de Restauración de la Ley y el Orden. Aplastó al
movimiento popular y pospuso las elecciones. Cuando finalmente se realizaron,
en 1990, la Liga Nacional por la Democracia (LND), encabezada por la dirigente
liberal Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, fue el partido más votado. Los
militares no permitieron la instalación del parlamento electo y sometieron a
Suu Kyi a arresto domiciliario, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Las décadas de 1990 y 2000 fueron de grandes privatizaciones que
beneficiaron a los militares. En agosto de 2007 la crisis económica dio lugar a
la llamada “revolución azafrán”, así llamada por el color de las túnicas de los
monjes budistas. Aunque lograron reprimirla, los militares seguían a la
defensiva. Ante las sanciones económicas internacionales decidieron recorrer
entre 2010 y 2015 una lenta transición controlada hacia una forma de cogobierno
en el marco de una constitución impuesta en 2008 que les garantizaba inmunidad
en las cortes civiles, una cuota militar de 25% en todos los parlamentos y el
control de los ministerios de Defensa, Fronteras e Interior. La
LND aceptó estas condiciones y participó en las elecciones parlamentarias de
2012 y 2015, ganando en ambas ocasiones. Suu Kyi desempeñó funciones de
consejera de Estado, cargo análogo al de primer ministro, y de canciller entre
2016 y 2021. Bajo el cogobierno con la LND, los militares continuaron robando
tierras al campesinado y se profundizó la opresión a las minorías nacionales,
contra las cuales los gobiernos de la mayoría bamar y budista han librado una guerra ininterrumpida desde la independencia del país.
Los militares siguieron dirigiendo numerosas empresas y participando en
compañías mixtas con capital extranjero. Cuando el Partido para la Unión,
Solidaridad y Desarrollo, brazo electoral militar, perdió las elecciones en
noviembre de 2020 de forma aplastante, los militares denunciaron un supuesto
fraude electoral. El 1° de febrero de 2021 se llevó a cabo el golpe. Lo que
escapó a sus cálculos fue que se iba a desencadenar una movilización de masas
revolucionaria.
* Artículo publicado en la revista Correspondencia Internacional #46, publicación de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional
Comentarios
Publicar un comentario