¿Cómo el chavismo ganó el 92% de la Asamblea Nacional?

Simón Rodríguez P.

El 6 de diciembre se realizó la elección de los miembros de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento unicameral venezolano. La campaña fue casi inexistente en gran parte del país y pocos votantes concurrieron a las urnas. En muchos lugares las filas para adquirir gasolina eran mucho más largas que las filas para votar. Según las cifras oficiales, la abstención fue del 69,5%. Encuestadoras estimaron que la verdadera abstención estaría entre 80%y 90%. Los medios estatales venezolanos, rusos e iraníes, así como medios chavistas en EEUU y Europa, presentaron el resultado como un triunfo épico de Maduro. Sin duda es una nueva vuelta de tuerca del régimen dictatorial burgués venezolano, al hacerse con el control de la última institución que no controlaba totalmente. Pero el resultado electoral estaba garantizado antes de la votación. Veamos cuáles fueron los mecanismos por medio de los cuales un apoyo popular que escasamente alcanza el 14% se tradujo en una mayoría del 92% de la AN.

La elección de un parlamento sin funciones

La alta abstención indica que la mayoría trabajadora entendió la intrascendencia de la elección. Votar no podía tener ninguna incidencia en la desastrosa situación nacional debido a que el parlamento había sido de facto privado de todas sus funciones desde hace varios años.

En 2015 se realizó la última elección en la que hubo algún tipo de contienda. El voto castigo de millones de venezolanos de los barrios populares, que repudiaban el ajuste económico empobrecedor aplicado por Maduro al reducir las importaciones de alimentos y los salarios para pagar deuda externa, y en rechazo a la creciente represión, le dio dos terceras partes de la AN a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El chavismo decidió desconocer el resultado, usando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo su control para anular la elección de los cuatro diputados del estado Amazonas, liquidando de esa forma la mayoría de dos tercios. Mediante fallos del TSJ, entre ellos una declaración de “desacato”, anuló todas las competencias del parlamento, desde redactar leyes hasta interpelar a funcionarios del gobierno. En los hechos llevó a cabo un golpe y concentró esas competencias en el poder Ejecutivo. Eliminó las garantías constitucionales valiéndose del apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo poder dentro del gobierno aumentó considerablemente.

La MUD capituló a las decisiones del TSJ e incluso aceptó que el gobierno bloqueara la realización de un referendo revocatorio en el año 2016, mecanismo contemplado en la constitución venezolana que hubiera sacado por medio de los votos a Maduro del poder. Todo ese año lo dedicó a negociaciones turbias con el gobierno. Pero en marzo de 2017, Maduro, confiado por la pasividad de esa oposición, decidió asumir la facultad de legislar y entregar concesiones petroleras de manera directa. Se excedió y propició protestas populares que rebasaron totalmente a los partidos opositores y se transformaron en una auténtica rebelión popular. Maduro la aplastó a sangre y fuego luego de tres meses de movilizaciones, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas represivas, tanto militares como paramilitares. Más de cien personas fueron asesinadas y miles detenidas y centenares torturadas.

La traición de la MUD a las protestas, optando por negociar con el gobierno y condenando las acciones más radicalizadas del pueblo, como los saqueos, la hundió en un desprestigio tan grande que se disolvió poco después. El gobierno aprovechó su triunfo sangriento para imponer un nuevo órgano dictatorial, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Un organismo supraconstitucional integrado únicamente por miembros del partido oficial. Fue el resultado a su vez de la primera elección fraudulenta, sin oposición, y el modelo para las siguientes. Por increíble que parezca, hasta el día de hoy no se han publicado los resultados detallados de esa elección. Por medio del establecimiento de un cupo de miembros que serían elegidos por corporaciones chavistas, como la ultra patronal Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, así como la sobre representación de los distritos rurales, el gobierno se aseguraba de antemano una mayoría absoluta de miembros incluso si obtenía una pequeña minoría de los votos.

La ANC no redactó ninguna constitución nueva, como era su objetivo declarado, en los tres años que funcionó. En cambio, removió y designó autoridades, allanó la inmunidad parlamentaria a diputados de la AN, redactó leyes para restringir los derechos democráticos establecidos en la constitución, como la llamada “Ley contra el odio”, leyes para habilitar grandes privatizaciones y entregas de recursos naturales a empresas privadas nacionales y transnacionales, convocó elecciones fraudulentas y modificó normas electorales. Fue un brazo del poder dictatorial de Maduro.

Que la AN haya sido totalmente vaciada de sus funciones y se le haya superpuesto una ANC de poderes ilimitados, ya hacía de la elección del 6 de diciembre una farsa completa. En ese marco fue que mayor parte de la oposición, tanto la representada en la AN saliente como la extraparlamentaria y la oposición de izquierda, boicoteó la elección. Un sector de la centroderecha, encabezado por Capriles, intentó negociar condiciones electorales para participar pero no obtuvo concesiones significativas del gobierno. La ANC solo fue disuelta una vez que el gobierno pudo apoderarse de manera fraudulenta de la AN.

El gobierno escoge a los candidatos oficiales y también a sus “opositores”

Desde el año 2016 el gobierno profundizó su política de proscribir de la participación electoral a candidatos y partidos opositores. Entre las elecciones de 2015 y las de 2020, la cantidad de partidos nacionales en el tarjetón electoral se redujo de 35 a 26. Pero esta cifra por sí sola es engañosa. En realidad, en las elecciones de 2015 los partidos opositores optaron por utilizar una sola tarjeta unitaria, habiendo más de 50 partidos con legalidad electoral. En esta elección, el único partido que postuló candidaturas por fuera del control del gobierno fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que pese a apoyar a Maduro lanzó candidaturas chavistas disidentes. Esta acotada disidencia le valió persecuciones, despidos, detenciones arbitrarias y hostigamiento policial.

Ocho partidos formaron parte de la alianza oficial, de los cuales la mitad fueron entregados a agentes del gobierno por medio de intervenciones judiciales para prevenir la posibilidad de que postularan candidaturas chavistas disidentes, como en el caso del PCV (es el caso de los partidos PPT, Podemos, Tupamaro y MEP). Las restantes 17 tarjetas electorales corresponden a organizaciones opositoras intervenidas por el TSJ o que han capitulado al gobierno. Por ejemplo, la “Alianza Democrática” está integrada por las tarjetas de Acción Democrática y Copei, partidos burgueses tradicionales intervenidos por el TSJ, Avanzada Progresista, organización dirigida por el ex chavista Henri Falcón y que capituló al gobierno, y los evangélicos de extrema derecha de Esperanza por El Cambio, también vinculados al chavismo por negocios corruptos como el tráfico de combustible. La “Alianza Venezuela Unida” estuvo integrada por Venezuela Unida y Voluntad Popular, ambas organizaciones intervenidas, y Primero Venezuela, organización ligada a Luis Parra, diputado opositor que se autoproclamó en enero de este año presidente de la AN con apoyo del chavismo y habilitada por el TSJ para esta elección. Se presentó con los mismos colores y tipo de letra del logo de Primero Justicia, otra organización opositora que no participó en la elección.

La mayoría de los candidatos pseudo opositores eran totalmente desconocidos para la mayor parte de la población. Su única función era darle una apariencia de pluripartidismo al proceso.

La extorsión del hambre

Además de impedir la participación independiente en las elecciones y disuadir a la mayoría que repudia a la dictadura de utilizar el voto como forma de expresión de su posición política, todavía había que presionar a los escasos votantes que asistieron. La ex ministra para el servicio penitenciario y candidata oficialista a la AN, Iris Varela acuñó la consigna “el que no vote, que lo boten”, llamando al despido de empleados públicos.

El presidente de la ANC, el militar Diosdado Cabello, hizo una advertencia, encubierta cínicamente bajo la forma de un chiste, durante un acto de campaña en el estado Carabobo: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida”.

En Venezuela gran parte de la población depende de las asignaciones de alimentos subsidiados para complementar su dieta cada vez más restringida debido a la reducción del salario mínimo a un dólar al mes. El 30% de los niños tiene estatura baja por desnutrición y el 79% de los hogares no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria. Con una contracción económica acumulada desde 2013 de más de 75%, cada vez más venezolanos dependen de estos subsidios estatales, a su vez cada vez más exiguos.

De manera sistemática, el gobierno instaló toldos cerca de los puntos de votación y utilizó el “Carnet de la Patria” para controlar que los receptores del programa CLAP de alimentos subsidiados estuvieran votando. La extorsión sirvió para llevar a las urnas a algunos de los escasos votantes de la jornada.

Representación no proporcional

El Consejo Nacional Electoral, designado por el TSJ y no por la AN como corresponde según la Constitución, aumentó la cantidad de escaños de 167 a 277, pero no por ello mejoró la representación proporcional. El 69,2% de los votos obtenidos por la coalición chavista se sobrerrepresentaron en 256 diputados, el 92% de los cargos disputados. Los pseudo opositores de la Alianza Democrática y la Alianza Venezuela Unida obtuvieron 18 y 2 diputados, respectivamente, mientras que la alianza chavista disidente encabezada por el PCV obtuvo un diputado.

Descaradamente, el CNE modificó los resultados luego de publicados para favorecer a dos pseudo opositores que habían quedado sin cargos, Luis Parra y Timoteo Zambrano.

Si se considera la abstención, la votación del chavismo equivale, según las cifras oficiales, al 20% del total de votantes del padrón electoral. La cifra real es incluso menor.

El hundimiento de la oposición pro yanqui

En enero de 2019, aprovechando el carácter fraudulento de la elección presidencial de 2018, el presidente de la AN se proclamó “presidente interino”, apadrinado por el gobierno de Trump. El cuasi desconocido Juan Guaidó levantó expectativas en gran parte de la población, pero no tardaron en esfumarse. Durante un largo tiempo Guaidó centró su discurso en que EEUU y “la comunidad internacional” salvarían al país, había que limitarse a esperar. Apoyó la aplicación de sanciones petroleras que aumentaron la miseria que ya millones padecían por las políticas de saqueo y semiesclavitud aplicadas por el chavismo. Junto a su mentor, Leopoldo López, intentó un golpe de Estado que en realidad debía ser ejecutado por los propios militares chavistas y que previsiblemente fracasó. Luego vino la aventura fracasada de los mercenarios estadounidenses en mayo de este año. El Washington Post publicó el contrato con los mercenarios firmado por Guaidó y tuvo acceso a un video que registra el momento de la firma. Además, el “interino” se vio envuelto en toda clase de escándalos de corrupción, que incluso lo vincularon a sectores de la boliburguesía.

Las encuestas han reflejado el hundimiento del apoyo a Guaidó y que el rechazo a las sanciones económicas estadounidenses supera el 70%.

La respuesta de Guaidó a la farsa electoral del 6 de diciembre fue realizar una consulta electrónica para desconocer la elección, prolongar el extinto mandato del parlamento saliente y solicitar mayor injerencia extranjera. Este evento tampoco atrajo el interés de las mayorías populares.

Contra la injerencia imperialista y la dictadura cívico-militar

No hubo protestas importantes contra la farsa electoral del 6 de diciembre. Pero la dictadura cívico-militar está muy lejos de gozar de una estabilización de su dominio. El país está en ruinas, con una inflación desquiciada y la producción nacional en caída libre. Bandas criminales controlan gran parte del país. Todas las semanas hay decenas de protestas dispersas por todo el territorio.

Entre los aliados internacionales de Maduro se cuentan carniceros reaccionarios como el dictador sirio, Bashar Al Assad, el régimen teocrático de extrema derecha de Irán, Recep Erdogan de Turquía, o el gángster Vladimir Putin. Irónicamente, también una parte de la izquierda internacional apoya a Maduro y valida sus políticas antiobreras y antipopulares bajo un falso discurso “antiimperialista” e incluso “socialista”. No hay nada más alejado del socialismo que la política de privatizaciones y saqueo que llevan a cabo Maduro y sus militares corruptos, con sus consecuencias de desigualdad social extrema.

Tal como plantea el Partido Socialismo y Libertad, desde la oposición de izquierda: “al pueblo venezolano solo le queda un camino, el de la lucha y la movilización. Es un imperativo organizarnos en las comunidades, fabricas, empresas y universidades. Unir las distintas luchas que vienen dando los trabajadores y trabajadoras, y procurar empalmar con las protestas que las comunidades vienen haciendo por los pésimos servicios públicos”.

Desde los sectores revolucionarios y democráticos debemos continuar denunciando las sanciones económicas de Trump que desangran a Venezuela, sin dejar de defender las libertades democráticas del pueblo venezolano, partiendo del elemental derecho a la alimentación y a recibir un salario que no sea meramente simbólico a cambio de su jornada de trabajo. Tendría un gran valor que la izquierda estadounidense se deslindara de los turistas “progres” que visitan el país para escribir elogios a la dictadura y tomarse selfies en restaurantes de lujo. Que quienes se reclaman antiimperialistas denuncien a las empresas estadounidenses y europeas como Chevron y Total, que pagan salarios de menos de 15 dólares al mes a los trabajadores petroleros venezolanos, aprovechando las condiciones laborales de semiesclavitud impuestas por Maduro. Levantemos la voz por los presos políticos como Rodney Álvarez, obrero que lleva más de 9 años preso sin derecho a juicio, por los trabajadores petroleros presos, como Bartolo Guerra, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, y por los activistas de izquierda víctimas de desaparición forzada, como Alcedo Mora, por los dirigentes indígenas asesinados por la policía chavista, como Sabino Romero, o por los miles de jóvenes ejecutados extrajudicialmente cada año por los escuadrones de exterminio chavistas.